La Secretaría de Gobernación (Segob), a través del testimonio de mandos de la Policía Federal, justificó con argumentos legales el uso de armas de fuego para repeler los ataques -incluso con armas largas- contra policías estatales y federales que participaron en el desalojo por el bloqueo que mantenían manifestantes y simpatizantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Nochixtlán, Oaxaca, el pasado 19 de junio, donde varias personas murieron.
El informe clasificado como confidencial, fue entregado por la Segob a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión de Seguimiento integrada por diputados y senadores. En casi 400 páginas se detalla que ante la agresión letal con armas de fuego, una división de la Gendarmería se vio obligado a apegarse al protocolo de uso de armas de fuego, contenido en seis ordenamientos, entre ellos el de la Organización de las Naciones Unidas.
En un apartado del documento, la Segob responde los cuestionamientos realizados por la CNDH, entre los que destacan: quién autorizó el uso de armas, cuál fue el motivo del uso de la fuerza, así como quiénes fueron los mandos que participaron en el operativo emergente de restauración del orden público para liberar la circulación en el poblado de Nochixtlán.
Aunque en ninguna de sus páginas se menciona el nombre del mando que dio la orden precisa para utilizar armas de fuego y repeler los 11 ataques contabilizados con armas, el informe aporta la narración de los acontecimientos en voz de los propios encargados de las divisiones de la Policía Federal que entraron en acción ante los disparos, supuestamente de los manifestantes.
José Luis Rincón Alvarado, encargado del segundo agrupamiento de la División de Gendarmería de la Policía Federal, fue quien comandó a los 174 elementos.
