Discusión. Se espera que la Ley 3 de 3 se tome en cuenta por parte de los legisladores.
Expertos en transparencia y rendición de cuentas afirman que la obligación de hacer públicas las declaraciones patrimoniales, de probable conflicto de interés y fiscal -mejor conocida como #Ley3de3- es sólo un piso mínimo que deben tener las leyes complementarias del Sistema Nacional Anticorrupción. Coinciden en que este primer paso debe ir acompañado de leyes secundarias robustas que estén a la altura de la reforma constitucional, porque bajar la exigencia del mandato constitucional sería un retroceso en el nuevo andamiaje contra la corrupción que se discute en el Senado.
La excomisionadas presidentas del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), Jacqueline Peschard y María Marván, coinciden en que este piso mínimo debe ir acompañado de otras leyes, porque de nada sirve conocer los bienes de un servidor público si no hay una instancia que verifique que la información sea verdadera. "Son un primer paso mientras no haya una verificación de que lo que se publicita es real. La publicidad es un elemento de vigilancia y escrutinio, pero no es una garantía de combate a la corrupción o el conflicto de interés, por eso el Sistema Anticorrupción implica más normas, además de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos", asegura Peschard.
Marván Laborde explica que como en todo proceso legislativo, la iniciativa ciudadana-que presentaron organizaciones de la sociedad civil el pasado 17 de marzo en el Senado-, es perfectible, pero "esperamos que los legisladores decidan bien y no a la baja, porque sólo tienen poco tiempo para que esté aprobada".
Lourdes Morales, coordinadora de la Red de Rendición de Cuentas (RRC), dice que el corazón de la propuesta es el rediseño del sistema de responsabilidades. A la luz de la evidencia, dijo que "la publicidad de las declaraciones no sirve como mecanismo de combate a la corrupción si no se articula".
La iniciativa ciudadana forma parte de las propuestas que se discuten en el Senado en torno al primer paquete de leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción.
En la Cámara Alta se discuten tres iniciativas de los partidos, por lo que se prevé que algunas de sus propuestas ciudadanas sean retomadas en la discusión del dictamen final. De acuerdo con la ruta crítica, el documento final deberá estar listo entre el próximo jueves 31 de marzo y el martes 5 de abril, para que sea aprobado en comisiones durante la semana del 7 de abril y llevado a votación ante el pleno el 12 de abril.
REGISTRO NACIONAL
Además de la publicidad obligatoria de las declaraciones patrimoniales, de probable conflicto de interés y fiscal, la iniciativa entregada al Senado propone una Ley General de Responsabilidades Administrativas como una política transversal a los tres niveles de gobierno, que enfrenten la corrupción, tanto en lo individual como en las redes entre servidores públicos y particulares.
La propuesta contempla crear un Registro Nacional de Servidores Públicos Sancionados donde se lleve registro de las penas impuestas.
