Por si fuera poca cosa el megarrobo que ha dejado a Coahuila sin inversión ni obra por los próximos veinte años o más, el gobernador Rubén Moreira se echa sobre los fondos de pensiones del sistema de educación pública, mediante la denominada Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, que a iniciativa del Gobernador aprobó el Congreso local de mayoría priista el mes de diciembre pasado.
Por fortuna no todo está perdido, porque la referida Ley está siendo impugnada por medio de una Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El texto de la demanda completa, se puede consultar en la página de internet de la CNDH, www.cndh.org.mx/Acciones de Inconstitucionalidad.
Muchas son las causas de impugnación de la Ley, entre las que se encuentra la afectación de derechos adquiridos al disminuir el monto de las pensiones y al aumentar la edad de jubilación sin embargo, de todas las violaciones resalta una que tiene relación directa con el robo sistemático de dinero público que hemos sufrido los coahuilenses durante los diez años del moreirato. La Ley en comento pretende esconder el desvío ilícito de recursos del fondo de pensiones, que aunque se encuentra cobijada por la opacidad que caracteriza al moreirato, resulta evidente a la simple vista de los números gruesos del propio Gobierno, que revelan la quiebra del sistema.
Según se lee en la demanda interpuesta por la CNDH ante la Suprema Corte de Justicia, los artículos 52 y 53 de la Ley que nos ocupa decretan la suspensión de la atención médica y otras prestaciones sociales en perjuicio de los trabajadores y sus familias, en los casos de falta de pago de las cuotas aunque dicha falta de pago no sea imputable al trabajador sino al sistema.
En otras palabras, si el Gobierno no aporta los recursos que debe al sistema de pensiones o si la UAC, la Universidad Antonio Narro, la Secretaría de Educación Pública o cualquier otro organismo del Estado de Coahuila que actúe como patrón, descuentan las cuotas de pensiones sobre el salario de sus trabajadores, pero no entregan el importe descontado al fondo, la Ley Moreira hace responsable al trabajador del pago de las cuotas omitidas o desviadas "con intereses calculados a la tasa líder en el mercado…". Increíble, pero cierto.
Estas disposiciones que están muy lejos de ser una estupidez sin sentido, en forma deliberada y calculada pretenden legitimar la malversación de los fondos de pensiones sustraídos a través de los agujeros abiertos en el sistema por la rapacidad del moreirato, con un doble propósito perverso: El de cargar sobre las espaldas de los trabajadores de la educación el peso económico del saqueo y el de obtener una herramienta más de control político electoral sobre la economía y la conciencia de los empleados públicos a los que está dirigida la confiscatoria Ley de referencia.
La Ley Moreira es violatoria de las disposiciones de la Constitución de la República que consagran el Derecho a la Seguridad Social, porque es fuente de incertidumbre jurídica para los trabajadores, en la medida en que éstos carecen de la posibilidad de controlar o siquiera seguir en el laberinto de la burocracia, la ruta del dinero destinado al fondo de pensiones.
El destrozo del orden jurídico continúa y Coahuila es árbol caído del que los Moreira siguen haciendo leña. A la Acción de Inconstitucionalidad se han sumado mil quinientos juicios de amparo promovidos por profesores y trabajadores administrativos y manuales de la educación, que han tomado conciencia de que los coahuilenses debemos actuar por nosotros mismos y no estar atenidos a lo que puedan hacer otros para liberarnos del moreirato, desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los tribunales de España y de los Estados Unidos.
