La sentencia que concede el amparo de la justicia federal acerca de quinientos trabajadores de la educación, que la semana pasada fue dictada por el Juez Primero de Distrito con residencia en Saltillo, marca el inicio de lo que será una andanada de resoluciones judiciales que ponen a prueba las inadmisibles reformas a la Ley del Servicio Médico y a la Ley de Pensiones, aprobadas en fecha reciente por el Congreso de Coahuila a iniciativa del gobernador Rubén Moreira.
El proyecto de ley enviado al Congreso en noviembre pasado, estuvo avalado con la firma autógrafa del dirigente de la Sección 38 del Sindicato nacional de Trabajadores de la Educación, sin que tan impertinente apoyo hubiera sido aprobado por los miembros del sindicato. Lo anterior implica una ruptura de la cúpula gremial controlada por el gobierno de Moreira con la base de los trabajadores afectados, que desde hace cinco años luchan por esclarecer irregularidades por dos mil setecientos sesenta y nueve millones de pesos, detectadas en la administración de los Fondos del Servicio Médico y de Pensiones por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, en las cuentas públicas de 2010.
En un amplio reportaje publicado por El Siglo de Torreón el 6 de diciembre de 2011, se detallan los pormenores del faltante y aunque la autoridad insiste en que ya se hicieron las aclaraciones que corresponden a tales observaciones, lo cierto es que el sistema se encuentra en quiebra y el propio gobierno aún dentro de la opacidad que lo caracteriza, reconoce un adeudo de mil trecientos millones de pesos tan sólo respecto al fondo de pensiones.
El caso es que la resolución de amparo en comento deja insubsistentes las disposiciones de la Ley de Servicio Médico, que establecen que el costo de la atención a la salud será cubierto del bolsillo del derechohabiente, en una proporción que queda al arbitrio discrecional de la autoridad, lo que resulta inadmisible en un sistema en el que se supone que la previsión y la seguridad social y el principio de legalidad, son derechos humanos básicos reconocidos como garantías del gobernado.
La disposición y gasto de los recursos a capricho de los funcionarios públicos, está asociado a un estilo de gobierno que gusta de aplicar la ley en forma dispareja a los ciudadanos, según el afecto u oposición que muestren frente a la política oficial. En ocasión de las elecciones estatales del año entrante, el manejo discrecional de las pensiones es una herramienta que el moreirato pretende utilizar en su beneficio para comprar conciencias y doblegar voluntades, a lo que por lo visto no están dispuestos los maestros coahuilenses que luchan por sus derechos ante los tribunales federales.
Están pendientes de resolverse otros juicios de amparo promovidos por diversos contingentes de trabajadores que llegan a un total aproximado de tres mil quejosos, así como una acción de inconstitucionalidad emprendida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de la Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila. Con esta acción de inconstitucionalidad, la CNDH pretende reparar la afectación que causa la Ley Moreira a los derechos adquiridos por los trabajadores, al haberles sido disminuido el monto de las pensiones, y aumentado la edad de jubilación.
Pese a que la concesión del amparo se encuentra vinculada a la mala administración de los fondos públicos, el gobernador Rubén Moreira se sigue haciendo el desentendido y voltea hacia otro lado, empeñado en los más diversos distractores como lo es la cruzada contra el mal gusto de los nacos que disfrutan de los narcocorridos, contaminando los debates en torno de la legalización de la marihuana, y en fecha más reciente, impulsando la fundación de una "Universidad de la Cruz Roja". Todo, menos ocuparse de las cuentas que Moreira está obligado a rendir a los coahuilenses.
