Entre que el Ejecutivo lanza iniciativas de ley sin calcular su impacto presupuestal y el Legislativo las aprueba sin reparar en los recursos, en breve quedará expuesto el engaño de generar expectativas sin sustento y la incapacidad de planear, en serio, las políticas en materia de seguridad pública, prevención del delito, justicia y corrupción.
Crear treinta y dos policías estatales; prevenir en vez de sólo medio perseguir el delito; instrumentar una Fiscalía General de la República; y construir un enorme aparato contra la corrupción supone una cantidad de recursos considerable que, al menos como partidas establecidas, no contempla el presupuesto recortado.
Los funcionarios presumen que esta vez la administración se apretará el cinturón y los más brillosos -no brillantes- legisladores juran que valorarán el recorte propuesto. Ambos, sin embargo, hablan de políticas y programas establecidos sin decir ni pío de los proyectos en trámite legislativo o parlamentario. Desde luego, ni el Ejecutivo ni el Legislativo tienen la entereza y la honestidad de decir que más de uno de esos proyectos quedará en eso, porque no hay modo de instrumentarlos dadas las condiciones financieras.
En esa tesitura, hay que dar por presupuesto que la inseguridad, la criminalidad, la injusticia y la impunidad -quizá, atemperada con uno que otro encarcelamiento espectacular- prevalecerán, si no es que aumentan.
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El establecimiento del mando policial único o mixto supone una revolución en la estructura de las policías estatales y municipales, es una iniciativa presidencial que el Congreso arrastra ya desde hace tiempo.
Ese proyecto legislativo plantea que ante los bajos salarios, la falta de preparación y equipamiento de las policías municipales urge reestructurar a la policía concentrando el esfuerzo en la creación de las policías estatales, a partir de una mejora salarial, así como la capacitación y equipamiento de sus elementos.
Si la tendencia es desaparecer, donde convenga, a las policías municipales es menester considerar la liquidación de sus elementos a menos que se pretenda entregarlos en charola de plata a la delincuencia. ¿Cuánto cuesta esa operación? Aunado a lo anterior, es evidente que la mejora salarial de los policías estatales, la aplicación de las pruebas de control y confianza, así como la capacitación y equipamiento supone una erogación considerable. ¿Cuál es el cálculo al respecto?
Si, al final, todo se traduce en incorporar a los policías municipales a los cuerpos estatales, sólo se estaría cambiando de lugar el problema con un añadido: los gobernadores contarían con un ejército descompuesto de policías que, de pronto, podría utilizarse con fines políticos y no de seguridad pública. ¿Qué dice el secretario José Antonio Meade y qué dicen los legisladores? ¿Se mantiene, se congela o se simula el proyecto?
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Más allá del discurso ensalzando la prevención sobre la persecución del delito, política y presupuestalmente el tema no es prioritario para la administración.
La subsecretaría del ramo ha sido un pasillo por donde han desfilado al menos tres funcionarios, unos comprometidos con la tarea y otros sólo interesados en el puesto. Ahí estuvo Roberto Campa que, a raíz de la salida de Lía Limón de Gobernación para convertirse en legisladora, se vio obligado a cubrir el frente de los derechos humanos. Meses después, en una siniestra paradoja, a prevenir el delito y disfrutar del puesto por unas semanas llegó Arturo Escobar. Vino el vacío y, ahora, lidiando con la tarea se encuentra Alberto Begné. Tres subsecretarios, un subejercicio y una disminución del presupuesto.
¿Es o no la prevención del delito una tarea prioritaria del gobierno? ¿Interesa? ¿Cuánto?
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La Fiscalía General de la República es otro proyecto que aún no alcanza a ver la luz. Esa institución en ciernes -pretendidamente autónoma, independiente del Ejecutivo y con recursos propios- ¿cómo queda en el presupuesto?
De nuevo, si la creación de la Fiscalía supone sólo el traslado de la infraestructura humana y técnica de la actual Procuraduría, el problema en materia de procuración de justicia no sufrirá un gran cambio con mejora, incluso podría agravarse. ¿Qué se piensa hacer con la Fiscalía? Nada han dicho la administración y tampoco los legisladores.
Si la atención sólo se concentra en litigar al titular-fundador de ella para después abandonarlo a su suerte y reproducir los vicios de la Procuraduría, no puede descartarse su fracaso. Muerta nacería la nueva institución.
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En esa manía de legislar en grande y presupuestar en chico, recortando por aquí y por allá, ¿cómo queda el sistema nacional anticorrupción?
Se diseñó un aparato que, de no funcionar como supuestamente habrá de hacerlo, sólo generará una burocracia que va a gastar recursos sin generar el resultado esperado. El sistema reclama una inversión considerable y, otra vez, no se ve en el presupuesto una partida clara y expresamente destinada a él.
El combate a la corrupción hoy está en el foco del interés nacional y también en el internacional que relaciona el problema con asuntos de seguridad nacional, sobre todo en Estados Unidos, y no deja de llamar la atención que ni el Ejecutivo ni el Legislativo precisen cómo quedará el sistema en el marco del presupuesto recortado.
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Esa vocación del Ejecutivo -no sólo de esta administración- de creer que los problemas se arreglan y la realidad se ajusta con sólo cambiar las leyes y esa obsesión de los legisladores de aprobar iniciativas sin considerar si hay recursos, en breve, hará crisis en los campos señalados como en muchos otros.
¿Tienen algo que decir la administración y los legisladores?
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