Análisis. Ulrich Richter, señaló que es una buena señal que Humberto haya salido sin fianza, aunque todavía la investigación sigue.
La libertad con restricciones del expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Humberto Moreira, detenido hace una semana en España acusado de lavado de dinero, es una "buena noticia", dijo ayer su abogado Ulrich Richter.
En declaraciones el letrado celebró la decisión del magistrado de la Audiencia Nacional española Santiago Pedraz de dejar en libertad a su cliente sin fianza, pero con la prohibición de salir del país, si bien aclaró que la defensa aún debe conocer al detalle la resolución.
Según fuentes jurídicas, Pedraz cree que Moreira ha acreditado por ahora que los 200,000 euros (unos 216,000 dólares al cambio actual) que se le atribuye haber lavado en España, procedentes presuntamente del narcotráfico o de la corrupción, los obtuvo de sus retribuciones en México.
La defensa del político mexicano envió a España un centenar de facturas de dos empresas para explicar el origen lícito de los recursos por los cuales Moreira fue acusado de lavado de dinero.
El abogado español Manuel Ollé se encargará de revisar el fallo judicial a fin de determinar si se decretó "algún otro tipo de restricción", además de la prohibición de salir de España y la retirada del pasaporte, indicó Richter. Explicó que el político no podrá salir de la jurisdicción de España hasta que un tribunal superior en materia penal confirme la "libertad que se le ha otorgado". La decisión de Pedraz fue contraria al criterio de los fiscales, que pedían el mantenimiento de la prisión por los delitos de blanqueo e integración en organización criminal, en vista del riesgo de fuga y de la pena de 3 años de cárcel a la que podría ser condenado.
En caso de que la Fiscalía recurra el fallo, corresponderá a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidir si modifica la situación del exgobernador de Coahuila (2005-2011).
El político dirigió el PRI de marzo a diciembre del 2011, cargo que dejó al verse involucrado en la supuesta contratación irregular de deuda pública durante su Gobierno en Coahuila.
