En sus manos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que derimir la controversia.
Los jueces de la Ciudad de México se oponen a que se les aplique la ley. Los tribunales de Justicia, de lo Contencioso Administrativo y Electoral de la Ciudad de México no quieren hacer públicas las declaraciones patrimoniales, fiscal y de intereses de sus jueces y magistrados.
Por tal motivo, interpusieron una controversia constitucional ante la Suprema Corte para invalidar un artículo de la Ley de Transparencia capitalina.
En la demanda, firmada por los presidentes de los tres tribunales, Édgar Elías Azar, Jazmín Esquivel Mossa y Armando Hernández, se asegura que divulgar la información de los impartidores de justicia vulnera los principios de autonomía del Poder Judicial, pues los pone en riesgo y a expensas de sufrir presiones.
"Los jueces y magistrados no pueden ser tratados de la misma forma que otros funcionarios (...) ya que se encuentran expuestos a otro tipo de consecuencias, como la extorsión, amenazas e intimidación", expone el texto.
En el escrito se argumenta que la Asamblea Legislativa de la Ciudad, al emitir la Ley de Transparencia el 6 de mayo, se excedió respecto a lo que establece la Ley General de Transparencia, que rige a nivel nacional.
Dicha legislación, refiere la demanda, ordena que las declaraciones serán públicas cuando el funcionario así lo autorice, en tanto que la ley capitalina obliga a todas las instituciones a revelar dicha información sin importar si hay consentimiento de los declarantes.
REVISARÁ IP REDACCIÓN CON SENADORES
El sector privado trabajará con los senadores en la nueva redacción de la "Ley 3de3", que fue vetada parcialmente por el Ejecutivo federal.
"Desde ayer (jueves) en la noche he tenido comunicación con los señores legisladores, en el sentido de que la semana que entra estaremos trabajando para analizar las redacciones, para seguir en el diálogo y hacerles ver nuestros puntos de vista", dijo Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). El veto parcial a algunos incisos del artículo 32, afirmó, garantiza la operatividad del Sistema Nacional Anticorrupción.
"Esto no soslaya las penas, castigos y monitoreo a las empresas que contraten servicios o participen en licitaciones para el sector público. Las penas y los castigos serán en la misma proporción que para el funcionario público correspondiente", manifestó.
Las penas para los empresarios que incurran en hechos de corrupción, agregó, van desde sanciones administrativas, clausura de la empresa, multas severas e incluso cárcel. "Con las observaciones del presidente se genera la confianza para continuar en el espíritu de participar y estar en las licitaciones y contrataciones del sector publico", expuso.
