Todo indica que el presidente y su partido seleccionaron a Javier Duarte, todavía gobernador de Veracruz, como el "chivo expiatorio" con el que intentan acreditar su compromiso con la lucha anticorrupción, sin percatarse que la historia reciente está colmada de ese tipo de sacrificios y no han sido suficientes para cambiar la mala imagen de los partidos políticos y los mismos políticos.
Sin la intención de hacer un recuento exhaustivo y un repaso histórico, simplemente de ilustrar lo recurrente del tema, basta recordar el desafuero y encarcelamiento del entonces senador priista Jorge Díaz Serrano, por un supuesto fraude por 35 millones de dólares por la compra de dos buques tanque, durante su gestión como Director General de Pemex durante el gobierno de José López Portillo. Díaz Serrano fue el más emblemático de los políticos mexicanos encarcelados como parte de la llamada "renovación moral" del entonces Miguel de la Madrid.
Más allá de que finalmente fue exonerado de las acusaciones que le hicieron, el sacrificio de Díaz Serrano de nada sirvió, pues fue durante dicho sexenio cuando inició claramente el declive electoral del todavía partido hegemónico, lo que obligó a los fraudes electorales en diversas elecciones de gobernador, siendo particularmente recordado el de 1986 en Chihuahua. Y, desde luego, la fraudulenta elección presidencial de 1988.
Ernesto Zedillo Ponce de León, también intentó salvar a su partido de la inminente derrota en la elección presidencial del año 2000, cuando finalmente se dio la alternancia en el Poder Ejecutivo Federal, persiguiendo al entonces gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, acusado de narcotráfico y aunque no lo detuvo porque se escapó dos días antes de concluir su mandato, el 5 de abril de 1999, sí se le declaró prófugo de la justicia y, finalmente, fue detenido el 24 de mayo del 2001; hoy purga una condena en Estados Unidos.
Y, en este mismo sexenio, se han encarcelado a dos ex gobernadores por delitos diversos. El primero fue Andrés Granier, ex gobernador de Tabasco, desde noviembre del 2013, acusado de ejercicio indebido del servicio público y peculado en perjuicio del erario del estado de Tabasco; desde esa fecha ha estado detenido en un reclusorio de la capital del país. Y, posteriormente, el 4 de abril del 2014, Jesús Reyna García, ex gobernador interino de Michoacán, acusado de proteger al cártel de Los Caballeros Templarios.
Durante este gobierno también se ha perseguido a ex gobernadores panistas, como es el caso de Luis Armando Reynoso Femat, ex gobernador de Aguascalientes, quien primero fue acusado por la Procuraduría General del Estado por la compra simulada de un tomógrafo, en junio de 2013; y, posteriormente, fue detenido el 10 de julio de 2015, acusado de defraudación fiscal por parte de la PGR. Enfrenta sus procesos en libertad.
En algunos casos, como en el de Díaz Serrano, finalmente fueron exculpados por los tribunales; en otros, ya fueron condenados tanto en México como en Estados Unidos, como en el caso de Mario Villanueva; en el resto, los juicios todavía están en curso. Por lo que se ha ventilado en la opinión pública no se puede ni inculpar ni exonerar a los señalados en los párrafos precedentes, cuyos procesos todavía están en curso, pero me atrevo a denominarlos como "chivos expiatorios", porque lo que sí es evidente es que ellos no son los únicos que han sido señalados en los medios de comunicación por la comisión de diversos delitos y, sin embargo, ellos sí han sido los únicos que en algún momento han sido investigados, encarcelados y sujetos a juicio penal, como parte de una campaña claramente con fines político-electorales.
Es evidente que la decisión de perseguir a unos y no a otros, no tiene fundamento jurídico ni se soporta en las evidencias encontradas como parte de una revisión sistemática, sino es en función de las coyunturas político-electorales y la fortaleza o debilidad de los grupos o padrinos políticos que les permitieron llegar al poder. Es evidente que lo que se pretende no es combatir la corrupción, poner un fin a la impunidad y hacer valer el Estado de Derecho, sino simplemente ofrecer un espectáculo mediático para intentar influir en la opinión pública en función de la siguiente jornada electoral.
La gran derrota que sufrió el PRI en las elecciones de junio de este año y la bajísima aprobación de la gestión del presidente Enrique Peña Nieto, obligan a elevar el número y calidad de los sacrificios. Así no dudó en sacrificar a su hombre de confianza, Luis Videgaray, aunque a él nada más lo echó del gabinete, y ahora se dispone a encarcelar a alguno o algunos de los gobernadores salientes, en un intento desesperado por tratar de recuperar un poco de credibilidad, sin embargo, como los malos magos, el truco está a la vista de todo el mundo y, por lo mismo, no consigue entusiasmar ni trascender.
La justicia selectiva simplemente es injusticia, porque trata desigualmente a los iguales y eso es lo que ha sucedido y sucede actualmente en el sistema político mexicano. No bastará el sacrificio (o sanción) de uno o más ex gobernadores o próximos ex gobernadores, aunque sean culpables (sin prejuzgar) de lo que se les acusa, lo que se requiere es un sistema de rendición de cuentas que funcione exactamente igual en todos los casos y, por lo mismo, permita sancionar -incluso con cárcel- a quienes delinquieron y premiar -aspirando a mejores posiciones- a quienes hicieron bien su trabajo y le cumplieron a la ciudadanía.
