Alrededor de 30 mil militares de todas las jerarquías escucharon el mensaje en vivo. Los satélites lo difundieron a toda la república. El militar de expresión severa dio el viraje. Acudió a la mejor arma civilizatoria: la palabra.
"Los he reunido este día, porque es necesario expresar públicamente nuestra indignación por los hechos lamentables que ocurrieron hace 14 meses en Ajuchitlán del Progreso y que han sido difundidos a través de un video en las redes sociales...". Cuatro minutos de video, la víctima Elvira Santibáñez Margarito, La Pala, es "detenida" por su presunta vinculación con la Familia Michoacana. Golpes en la cabeza, asfixia, "¿Vas a hablar? ¿Ya te acordaste o quieres más?". El cañón de una metralleta ronda. De nuevo las redes sociales alertan a la sociedad del horror cometido.
El general secretario reacciona "es necesario...". Imposible negar los hechos, ello sólo ahonda la duda y el malestar. Tlatlaya y otros están en la memoria. Esa estrategia, la negación, no sirve frente a una sociedad cada vez más informada y crítica. "Los he reunido..." y llega el punto medular "Ofrezco una sentida disculpa a toda la sociedad agraviada por este inadmisible evento". Está frente a sus colegas generales, a jefes de todo orden y jerarquía, la oficialidad y soldados que inician su carrera militar. "Repugnante" es el calificativo utilizado por el general. No merecía menos.
El militar tiene que explicar el terrible suceso. "...malos elementos de nuestra institución empañan la actuación de miles de hombres y mujeres en uniforme militar". El socorrido argumento es válido en el sentido de que las instituciones como tales no se pervierten por las actuaciones individuales. Es una aproximación de corte filosófico que se usa en varios frentes. Un juez corrupto no permite concluir que el Poder Judicial es corrupto. Pero el razonamiento tiene una fragilidad, la frecuencia. Si muchos jueces se corrompen puede haber un problema estructural, dirían algunos, institucional. Existen ciertas condiciones que propician corrupción. De ser así la frontera entre los individuos y las instituciones tiende a desvanecerse. Algunos resistirán más, otros menos. Preparar a militares y jueces para la adversidad es central, pero ignorar la fragilidad humana es ingenuo. No hay fábricas de santos.
La argumentación tiene un complemento: se trata de casos aislados, no se puede generalizar. El general secretario recurrió al paquete completo: malos elementos, caso aislado. Se asume responsable de la corporación, no de actuaciones individuales. Jurídicamente es correcto, no para la política. Tampoco es responsable del contexto. Si un juez no cuenta con las garantías mínimas para poder ejercer su encargo, si él o su familia son amenazados, sería entendible -nunca justificable- que no se enfrente al poder real. Ese es el dilema que vive nuestro país. En las corporaciones siempre habrá "malos elementos". El problema es cuando se presentan las condiciones para la multiplicación de los mismos. Cuidar a una institución supone entonces vigilar que las condiciones sean las adecuadas para la operación institucional. Ahí nos lleva la discusión.
Los hechos ocurrieron de nuevo en la zona de Guerrero penetrada por el cultivo de opio y otros. La noche de Iguala sacudió al país y al mundo por el grado de penetración y corrosión institucional que explica el horror. Allí trabajan todos los días las Fuerzas Armadas exponiendo sus vidas frente a las bandas. Nada justifica la actuación de estos militares, actuación que subleva. Tal como lo dijo Cienfuegos la ilegalidad no puede ser combatida con ilegalidad. En los principios todos estamos de acuerdo, el problema es la necia realidad. El grado de exigencia a los miembros de una corporación -aunque no se admita- está condicionado al contexto.
Por eso las Fuerzas Armadas desde hace años han solicitado una normatividad que aborde su situación frente al narco. Ni la Marina ni el Ejército han sido capacitados para perseguir bandas. La exposición propicia la degradación de los potenciales "malos elementos" que siempre estarán por allí. Hace una década que se está utilizando a las Fuerzas Armadas en trabajos de seguridad pública y persecución de bandas. La exposición de "buenos y malos" elementos a condiciones muy adversas es riesgosa para las corporaciones y el país. Ni para los militares, ni para los impartidores de justicia, ni para los policías estatales y municipales hay certificados de santidad. Eso no ha cambiado ni cambiará.
Y a pesar de todo el discurso de Cienfuegos es un parteaguas. No más ocultamientos, no más complicidad tácita. Fue una ratificación del debido proceso y una advertencia clara "Los he reunido..." para sin más admitir los hechos, condenarlos, calificarlos y dejar claro a todos que, en ésas, van solos.
