Ayer en contra y hoy a favor, la postura de los gobernadores ante la posibilidad de concentrar sólo en sus manos el mando policial en sus entidades revela, más que una contradicción, el riesgo de embarcar al país en otra aventura en materia de seguridad pública. De fallar, el palo de ciego pegaría una vez más a la ciudadanía y no a la delincuencia.
Es de tal importancia la idea de suprimir las policías municipales y fortalecer en las entidades a la policía estatal que, antes de descuadrar la Constitución y el régimen político, convendría ensayar el ejercicio. Seleccionar unos cuantos municipios y sólo a partir del resultado, determinar si conviene o no concentrar en los estados el mando de la policía en los gobernadores.
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Por el calibre de esa intención ni sentido tiene distraerse con la machincuepa del mexiquense Eruviel Ávila. Ayer, en calidad de munícipe de Ecatepec y presidente de la Federación Nacional de Municipios de México, cuando no resistía, condicionaba el mando único; hoy, en calidad de gobernador y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, aplaude a rabiar la iniciativa y pide legislar el asunto a los senadores.
Por lo mismo, ni sentido tiene distraerse con Graco Ramírez. Ayer, en la oposición, demandaba respeto a las instancias de gobierno; hoy, en el poder, las borra por decreto.
La aparente incongruencia, quizá, se explica en una doble vertiente. Uno, no hay político que rechace acumular poder, y un ejército fortalecido de policías es un bombón. Dos, en más de una entidad, los mandatarios se han desentendido de la seguridad pública cargando la responsabilidad a la Federación y al municipio y, ahora, ante el reclamo ciudadano, poco les importa ensayar algo distinto... el resultado, a más de uno no le tocara encararlo.
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Es difícil, sin embargo, pronunciarse a favor o en contra de suprimir mil 800 policías municipales débiles -y, por lo mismo, vulnerables-, a cambio de fortalecer, equipar y profesionalizar 32 policías estatales.
Un alto funcionario comentaba en corto que es más fácil controlar, coordinar y supervisar a unos cuantos cuerpos policiales que a millares y, a la vez, es más fácil detectar qué gobernador cumple o no con la tarea de garantizar la seguridad pública que a millares de alcaldes.
Es posible, pero no hay certeza de que ese nuevo modelo policial opere con la eficacia requerida y en la dirección deseada. De lo que sí hay evidencia es del riesgo de desvertebrar la estructura legal y política del país, así como de la carencia de los recursos económicos necesarios tanto para disolver las policías municipales como para profesionalizar a la estatal. De nuevo, una reforma legal sin calcular el impacto presupuestal.
Y algo más. ¿Por qué si en el campo electoral, financiero y de acceso a la información las reformas operadas limitan a los gobernadores, en el campo de la seguridad pública la reforma propuesta los empodera? Si la respuesta es que en los tres primeros campos han hecho cuanto quieren sin rendir cuentas, ¿por qué en el cuarto campo habrían de ser distintos?
Si los partidos políticos han perdido el control de quienes colocan en las gubernaturas y la clase política ha hecho de facultades y recursos herramientas para premiar aliados y castigar adversarios, ¿los gobernadores con el mando de la única policía en su entidad no subirán o bajarán la flama de la delincuencia o la violencia en los municipios según la relación política con el alcalde correspondiente? ¿En verdad, pondrán ese ejército de policía para proteger y servir a la ciudadanía y no al crimen?
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En favor de suprimir a las policías municipales y fortalecer 32 policías estatales bajo el mando del gobernador, el diagnóstico de la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto es elocuente, por no decir escalofriante.
"El 0.6 por ciento de los policías municipales son analfabetas, el 3 por ciento carece de educación básica, el 11.9 por ciento tiene educación básica y el 52 por ciento cuenta únicamente con educación media". Y más: "Aproximadamente 40 por ciento de los policías municipales percibe un sueldo base mensual inferior a 4,600 pesos y menos del 4 por ciento percibe un sueldo superior a los 12,000 pesos". A estos datos, se agregan otros igual de inquietantes: "El 86 por ciento de estas corporaciones (municipales) cuenta con menos de cien elementos".
El diagnóstico es elocuente, pero la conclusión no deriva necesariamente del planteamiento y, sobre todo, repite el error más de una vez cometido: pensar que la reforma legal modifica en automático la realidad. Así como en materia de energía se descartó emprender primero la reforma administrativa de Pemex y, luego, determinar si era conducente la reforma constitucional, el esquema se repite. El resultado en el campo del petróleo es terrible: ni se reformó administrativamente a la paraestatal y, la realidad -el mercado- tiró la reforma constitucional. Hoy, el petróleo vale más en el subsuelo que en la superficie y la reforma remata el recurso.
Pues bien, ahora, en materia de seguridad pública se repite la fórmula. Se quiere descuadrar la Constitución y, luego, ver si la ley aterriza bien en la realidad.
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De ahí la conveniencia de ensayar primero el modelo del mando único, a partir del acuerdo y la voluntad política, en algunos municipios y a partir del resultado -cuya evaluación corresponde a la sociedad y no a los gobernadores- determinar si vale la pena descuadrar la Constitución sin reformar la realidad.
Es preciso practicar el ejercicio, antes de poner en manos de los gobernadores un ejército de policías sin tener garantizado qué uso le darán. Es peligroso dar mando sobre una fuerza armada a quienes, en más de un caso, ni gobiernan. Mando sin gobierno es autoritarismo y arbitrariedad.
Está en juego la integridad y el patrimonio de la ciudadanía, harta de recibir palos de criminales y de ciegos. Ahora que si nada de esto importa, vengan más capítulos del culebrón de la cándida Del Castillo y el capo enamorado.
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