La autoasignación de un bono extraordinario de 150 mil pesos por parte de los 500 integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ha despertado una ola de indignación en un sector de la ciudadanía. Son varias las razones que explican el encono y, aunque es una práctica añeja, los efectos de Internet y hasta cierto grado, los frutos de la transparencia, no por ello deja de ser menos grave. En primer lugar, está la forma en la que los legisladores intentaron ocultar la prerrogativa y una vez descubiertos, la disfrazaron como parte de sus recursos por “quehacer legislativo”, eludiendo de hecho un ingreso personal no gravado, como le ocurriría al resto de los mortales. Por otra parte está que mientras ellos gozarán de ingresos cercanos al medio millón de pesos en esta temporada, por su sueldo, aguinaldo y bono, la mayoría de los mexicanos pasará las fiestas decembrinas con percepciones equivalentes a menos del 1 por ciento de lo que recibirán sus representantes.
El enojo que ha provocado el bono ha propiciado una línea discursiva que exige que los diputados que no acepten el dinero o lo devuelvan si ya lo recibieron. Otros han solicitado a los legisladores que donen parte de sus ingresos a personas en situación de vulnerabilidad. La respuesta de los integrantes de la cámara que se han mostrado más receptivos al reclamo, que son la minoría, ha sido precisamente en ese sentido. Incluso, algunos lo han estado utilizando como propaganda mostrándose “sensibles” a la realidad del país e intentando marcar una diferencia con la mayoría del cuerpo legislativo que decidió recibir los recursos. Sin embargo, estas “soluciones” lejos de resolver de fondo la cuestión propician un mecanismo de simulación.
Más allá del malestar legítimo que pueden generar situaciones como las aquí descritas, la discusión debe centrarse en la definición de lo público y lo privado y de ahí generar una propuesta de solución que atienda a la realidad de problema. Es de interés público lo que se hace con el erario, es decir, el dinero de todos los ciudadanos. Es de interés privado lo que hace cada funcionario o representante con los ingresos que percibe. Por lo tanto, la salida a la cuestión del bono no puede estar dentro del segundo ámbito sino dentro del primero. Un punto de partida sería que los legisladores no deben autoasignarse prestaciones ni definir ellos sus percepciones. Pero aún así, la solución está incompleta.
Uno de los problemas más evidentes del aparato mexicano de representación popular y gobierno es que no existen criterios claros para la asignación de remuneraciones a los funcionarios, sean de cualquier poder y nivel. Es así que de pronto se han conocido casos de alcaldes de municipios medianos que tienen sueldos superiores a los de un gobernador o un magistrado del Poder Judicial de la Federación. El desorden en este sentido es lo que impera. Pero además es notorio el abismo que existe entre los emolumentos de quienes gobiernan o representan a la ciudadanía y los integrantes del resto de la sociedad. Los sueldos de los funcionarios y sus prestaciones no parecen estar acorde a la realidad del país.
Por ello, se requiere trabajar ya en establecer un sistema de remuneraciones estandarizado que responda a cuatro criterios básicos: uno, la realidad socioeconómica del municipio, estado o país -según sea el caso-; dos, la disponibilidad de recursos públicos; tres, el nivel de responsabilidad de cada uno de los funcionarios o representantes y; cuatro, la existencia, a un mismo nivel de ingresos, de igual responsabilidad fiscal, es decir al mismo ingreso los mismos impuestos, sin importar si se obtienen por un trabajo público o privado. Sólo así, aunado a un mejor sistema de transparencia y rendición de cuentas, se podrán evitar aberraciones como las del bono de la discordia.
