El caso de los “Papeles de Panamá” (“Panama Papers”) coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) debe motivar un debate mucho más profundo que la mera exhibición de los polémicos hábitos financieros de personajes del ámbito político, empresarial, deportivo y artístico. Para ello, es importante reconocer primero frente a qué estamos parados.
Se trata de la filtración de información más grande en la historia del periodismo: 11.5 millones de documentos procedentes de una sola firma de abogados, Mossack-Fonseca, con sede en Panamá, que contienen los datos de las transacciones e inversiones de capitales de personalidades de distintos países en empresas “offshore” radicadas en paraísos fiscales, es decir, lugares con muy baja carga impositiva. Para tener una idea de la dimensión de la filtración, basta decir que es 1,566 veces más grande que la del “cablegate” de Wikileaks en 2010.
La trascendencia que tiene la revelación hecha por cientos de medios de comunicación del mundo la semana pasada es indiscutible. No obstante, es necesario definir qué implica esta información para plantear escenarios de certidumbre. La inversión en una empresa instalada en un paraíso fiscal si bien puede resultar cuestionable desde el plano de la ética no es en esencia ilegal. Motivos como la protección de dinero en un contexto de litigios entre particulares; la búsqueda de sistemas fiscales menos “intrusivos” luego de haber cumplido con el pago de impuestos en el país de origen, o la seguridad de los bienes en un marco de aumento de la criminalidad, son algunos de los argumentos legales que usan quienes defienden el uso de los esquemas “offshore”.
Sin embargo, el problema con estas inversiones es que, por sus bajos controles y escasa regulación, son altamente susceptibles de ser utilizadas con fines abiertamente delictivos, como el lavado de dinero, la evasión fiscal y, peor aún, el financiamiento de grupos del crimen organizado y del terrorismo internacional. Se ha demostrado con casos sonados de bancos multinacionales acusados de permitir el lavado de miles de millones de dólares que, a la hora de hacer negocios e inyectar recursos al sistema financiero global, los escrúpulos no representan freno alguno.
Se calcula que un tercio de todos los fondos del sistema bancario internacional se oculta en paraísos fiscales. Lo grave de esto es que se desconoce la naturaleza del origen de esos recursos, es decir, si son lícitos o ilícitos, debido a que en cierto punto es imposible para los gobiernos rastrear las cuentas, los fondos que soportan a las empresas “alejadas de la costa” y a sus propietarios.
Pero hay otro dato revelador: 3 de cada 4 paraísos fiscales reconocidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) tienen algún vínculo con el Reino Unido, ya sea como dependencia de la Corona Británica, territorio británico de ultramar o como miembro de la Mancomunidad de Naciones. Incluso, varios analistas señalan a la City de Londres, el distrito financiero de la capital del Reino Unido que goza de un régimen especial, como el principal paraíso fiscal del mundo.
Por eso, más allá de evidenciar quiénes usan el controvertido esquema “offshore”, que no implica en automático la comisión de un delito, la comunidad internacional y los gobiernos de los Estados-nación deben atacar el problema desde su raíz: la evasión fiscal, por una parte, y la generación de recursos de procedencia ilícita, ya sean producto del saqueo del erario, los sobornos, la delincuencia organizada y el terrorismo. Evidentemente, este camino conduce también a establecer mayores y mejores mecanismos de control en el sistema financiero internacional, medida que, a la larga, implicaría la desaparición de los paraísos fiscales. Se trata del bienestar y la seguridad de los países y sus sociedades.
