ENTRADA.- El estado de derecho sigue, como desde la fundación de este país, en estado agónico. Los delitos federales y del fuero común se siguen cometiendo sin que el estado haga uso de las facultades y obligaciones que le impone la ley.
Por cada cien delitos que se cometen en México solamente un diez por ciento es denunciado y de éstos, únicamente tres reciben una sentencia definitiva. Lo que quiere decir que el 97 % de los delitos queda impune.
SOPA.- De esta manera se sigue alentando a los delincuentes a que delincan ciertos de que nunca serán castigados, pues tendrán la posibilidad de un 97 % de evadir la justicia. Así es como se ha institucionalizado la impunidad en este país.
Los ministros públicos o fiscalías no pueden ni quieren cumplir con su deber. Estos últimos años se han dedicado con febril afán a coleccionar casquillos percutidos. Hasta ahí llegan sus profundas investigaciones en los homicidios dolosos.
PLATO FUERTE.- Pero ahora las risibles actuaciones ministeriales se han enfocado a recolectar y desenterrar restos humanos de mexicanos asesinados, con el peregrino fin de poder identificarlos pasándolos por el ADN y entregarlos a sus familiares. Hasta ahí llegan sus sesudas investigaciones; pero de los asesinos y sicarios nada.
Al día de hoy existen más de 60,000 homicidios sin aclarar y otros cientos de miles de delitos como de lesiones, robo, despojo, fraude, peculado, etc., que han quedado impunes. A esta lista habría que agregar los delitos cometidos por funcionarios públicos ladrones y por los administradores de la justicia que tampoco han sido perseguidos menos castigados. Miles de abusos y delitos sexuales quedan también impunes pues resulta humillante (para la víctima) cualquier tipo de denuncia ante el MP.
¿En qué país del mundo se puede ver a los parientes de las víctimas de homicidio o de desaparecidos forzosos, caminando por montes y desiertos con una pala y un zapapico al hombro pretendiendo encontrar los restos mortuorios de sus familiares? Se trata de una verdadera y horrorosa visión kafkiana de la justicia.
Los ministerios públicos han renunciado a su obligación de perseguir, investigar y poner ante un juez al responsable de un delito, con lo que se demuestra que se trata de una institución fallida.
La prensa acaba de publicar una encuesta elaborada por El Universal Buendía &Laredo donde se revela que el presidente Peña Nieto descendió de 42 al 32 en puntos porcentuales de aprobación ciudadana, ello no obstante, que la economía está estabilizada, las exportaciones avanzan, la inflación controlada, el dólar va frenándose, hay empleo, construcción de hospitales, carreteras y autopistas. Las escuelas ya funcionan, el consumo aumenta, la venta de automóviles nuevos crece a diario y los servicios públicos funcionan. Sin embargo, Peña Nieto bajó en la aceptación ciudadana.
Este descenso, estamos ciertos, se debe en un 90 % a la inseguridad, la impunidad y la corrupción, temas no resueltos ni por el actual presidente ni por los tres anteriores.
POSTRE.- Una muestra clara y palpable de la ineficacia del ministerio público ha sido el caso del prepotente propietario del Ferrari rojo, cuyo guarura golpeó y robó a un ciudadano en Tlalpan. Después de una semana el prepotente compareció solito ante el MP. De no haber sido así, nunca los habrían podido interrogar. Si no pueden hacer ni eso, ¿cómo podrán investigar, encontrar y castigar a los sicarios que asesinaron o desaparecieron a 60,000 mexicanos?
DIGESTIVO.- El imaginario colectivo de la sociedad mexicana ha perdido su confianza en el gobierno, especialmente en la administración de justicia. Así haga y presuma la construcción de muchas obras materiales, el baldón de la impunidad lo perseguirá hasta su fin.
Más que puentes y vialidades ostentosas el ciudadano reclama justicia.
