«Existía el mal, pero no se veía el ultraje»
Bertolt Brecht
Entre 1968 y 1980 se generó en nuestro país la llamada "guerra sucia" o de "baja intensidad", sucesos en los que destacan la matanza de Tlatelolco; el "halconazo" del Jueves de Corpus en 1971 y una infinidad de crímenes contra líderes campesinos, estudiantes y periodistas que no comulgaban con el régimen priista; previamente a esta época se habían reprimido movimientos sociales como el ferrocarrilero en 1958 que había confrontado al Estado exigiendo libertades y mejores condiciones laborales, ello concluyó con la detención y encarcelamiento de sus líderes por más de 10 años, pero aún no se llega a las matanzas posteriores. Todas estas acciones fueron hechos específicos de impunidad; nadie recibió castigado; salvo el del Jueves de Corpus donde se sacrificó a Alfonso Martínez Domínguez como regente del D.F. para luego premiarlo con la gubernatura de Nuevo León. Otros crímenes de estado fueron Aguas Blancas en 1995 y Acteal en 1997 y lo mismo, ningún funcionario fue castigado por esas muertes violentas de mexicanos; los responsables resultaron incólumes e impunes.
La palabra "Impunidad" procede del sustantivo latino impunitas-atis, cuyo significado literal sería "sin castigo". En un sistema legal donde se encuentran tipificados los delitos y los castigos por la transgresión de las leyes, impunidad se refiere a la ausencia de sanción por un delito que se comete. Aunque corrupción e impunidad son fenómenos diferentes, en México se encuentran íntimamente ligados porque conforman un círculo vicioso; la una lleva a la otra y viceversa.
Todo parece indicar que nuestros políticos poseen una "Patente de Corso" ya que logran transgredir la ley, apoderarse de miles de millones de pesos, acabar con vidas de ciudadanos y pasearse por las calles de este México donde no pasa nada.
México ocupa el penúltimo lugar de 59 países en el Índice Global de Impunidad, destacándose aquellos actos que vulneran derechos humanos, destruyen la equidad e impiden el ejercicio de la justicia; este sistema transgresivo se ha vuelto una constante que destruye la vida jurídica e invita a una permanente criminalidad. Dentro de estas acciones delictivas conviven lo mismo organizaciones del crimen organizado que movimientos ciudadanos de autodefensa, convirtiéndose ambos en estados con voluntades políticas dentro del estado fallido, el oficial vigente, amén de otras organizaciones delictivas como las que ofrecen placas a vehículos ilegales y que también sientan sus reales por encima de él, que a veces las amenaza, pero todo queda en eso.
Esto nos demuestra que la impunidad y la corrupción son formas de comportamiento comunes que se han convertido en prácticas cotidianas en las estructuras gubernamentales. De hecho la impunidad y la corrupción no son aceptadas por la ciudadanía en general; son cuestionadas y criticadas, pero se toleran como un mal constitutivo del sistema político mexicano. Ahora resulta que el presidente se la quiere "engatusar" a la iniciativa privada, que también tiene lo suyo, pero no se puede justificar el vicio repetido por muchos como si eso lo convirtiera en virtud, aunque ellos, los políticos, si ven a la corrupción como su virtud exclusiva, por eso no les gusta que otros la practiquen.
Dejar sin juicio ni castigo a los delincuentes significa además, tolerar y mantener intactas las estructuras y actitudes ilegales que han hecho posible realizar y continuar promoviendo crímenes, pero fundamentalmente se traduce como un eludir la responsabilidad de salvaguardar los valores básicos de convivencia de una comunidad por parte de la autoridad, pero si ésta es quien comete el quebranto, se explica su pasividad ante la pérdida del estado de derecho.
Según datos estadísticos, de ésos que difícilmente podemos confirmar en este país, porque se ajustan a intereses políticos, el 98% de los delitos denunciados queden impunes; no se ejecutan las órdenes de aprensión. Amén de que la cifra negra de delitos, es decir, aquéllos que nunca se denuncian, es terriblemente alta.
Pero el cinismo llega ante los casos más recientes de Ayotzinapa, Tlatlaya y Apatzingán donde fueron asesinados decenas de mexicanos, al día de hoy no existe castigo alguno para los criminales que actuaron contra los sacrificados, salvo unos humildes soldados que están cargando con toda la culpa. Y hablamos de cinismo por la oferta que hace cuatro días realizó la Secretaría de Gobernación al proponer una indemnización a los padres de los cuarenta y tres estudiantes desaparecidos; ofrecimiento que puede tener varias lecturas: comprar a los padres para callarlos; otra es que el titular de esta secretaría destapa abiertamente su campaña presidencial para el 2018; una más acallar la presión internacional que no ha cejado en su campaña de defensa de los derechos humanos; al respecto la Comisión Interamericana de Derechos humanos aseveró sobre Ayotzinapa: "un ejemplo emblemático de la aparente colusión entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado".
En su grave y a la vez sentida crítica que el Estado Mexicano hace al informe de la comisión Interamericana de Derechos Humanos, ofrece como ejemplo el que esta institución internacional solamente toma en cuenta la violación de los derechos humanos y no el cumplimiento de éstos cuando ello ocurre. Por eso, ¿Qué parte de la declaración universal de los derechos humanos no entendió el gobierno mexicano? y es que la Secretaría de Gobernación piensa que al respetar algunos derechos de los mexicanos está realizando una labor sorprendente y que debiera ser premiada por ello, cuando lo correcto es que nunca, jamás y bajo ninguna circunstancia se violen uno solo; dicho de otra manera: "Que siempre se respeten".
Y llegamos a un momento crucial de impunidad: en México se han perdonado sin empacho crímenes graves de saqueo descarado en Coahuila, Chihuahua, Veracruz y otras entidades federativas; incluso luchando a brazo partido contra los fiscales españoles para liberar a quien ha provocado que los niños coahuilenses al nacer sean registrados directamente en el Buró de Crédito; pero allá en la Madre Patria, aseguran que apenas empieza el "baile" y que la música va a seguir tocando.
Todo indica que el gobierno en sus tres niveles se niega a servir a su patrón que es el pueblo mexicano, convierte la impunidad en una agresión e insulto al negar su existencia y se opone el principio científico que establece: "Conocer el origen y la naturaleza de un problema equivale a tener ya resuelto el cincuenta por ciento del mismo".
