Momentáneo. Raúl Cervantes, titular de la PGR, ya no será el nuevo Fiscal General em automático.
El Presidente Enrique Peña Nieto propuso al Senado una reforma constitucional que elimina el llamado pase automático del titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes, a la Fiscalía General, y dejar a la Cámara Alta el proceso de selección.
En su iniciativa, pidió a los legisladores que se permita al priista competir por esa posición.
La propuesta planteó que el primer Fiscal General sea designado con el voto de las dos terceras partes del Senado o, en caso de receso, por la Comisión Permanente del Congreso.
"Una vez realizada la declaratoria, la Cámara de Senadores iniciará de forma inmediata el procedimiento para la designación del Fiscal General de la Nación.
"El procurador general de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria continuará su encargo hasta en tanto el Senado designe al fiscal y podrá ser considerado para participar en el referido proceso de designación", refiere la iniciativa.
En exposición de motivos, el presidente reconoció que su propuesta responde a las inquietudes expresadas públicamente desde la sociedad civil y la academia.
"En virtud y en atención a distintas inquietudes relacionadas con el transitorio constitucional referido, que han sido manifestado es tanto por legisladores como por la propia sociedad y la academia, me permito someter a la consideración de esta soberanía de la presente iniciativa", señaló Peña Nieto.
En un comunicado, incluso aceptó que el debate sobre la permanencia de Cervantes en esa posición clave impedía construir una discusión de fondo sobre el tema.
"No abona a centrarse en la discusión del modelo institucional de la Fiscalía", expresó.
El Congreso aprobó en 2013 una reforma política que incorporó a la Constitución un transitorio para establecer que el titular de PGR podía convertirse, en automático, en el nuevo Fiscal General de la República, en el momento en que el Senado expidiera la declaración de autonomía de esa institución.
Para ello se requería que el Congreso aprobara la ley de la nueva Fiscalía, que permanece congelada en la Cámara Alta ante la falta de consensos en su contenido.
El 26 de octubre, el Senado ratificó a Cervantes como titular de la PGR a propuesta del Ejecutivo y en una comparecencia el priista dejó ver su intención de transitar hacia la Fiscalía.
Organizaciones de la sociedad civil alertaron sobre el riesgo de que Cervantes pudiera convertirse en el fiscal para un período de 9 años, por su cercanía con el presidente, su militancia priista y su participación como abogado en casos como el de Monex.
Los ciudadanos demandaron la renuncia de Cervantes para que pueda competir en igualdad de condiciones con el resto de los aspirantes a ocupar la Fiscalía.
Expertos advierten que selección debe ser transparente
Los doctores en Derecho Miguel Carbonell y Víctor Manuel Bullé consideraron positivo que el presidente Enrique Peña Nieto haya atendido las demandas de la sociedad y presentara una iniciativa para modificar el proceso de designación del fiscal General de la República.
"La iniciativa atiende las preocupaciones manifestadas por grupos de la sociedad civil. La idea de prever un mecanismo automático para que Raúl Cervantes ocupara el cargo de fiscal General no era idóneo, dado que el nombramiento del propio Cervantes, como titular de la PGR, fue en 'fast-track'", aseguró Carbonell.
Bullé consideró positivo que el presidente haya atendido el reclamo para que no fuera en automático la designación del fiscal general. "Es un signo bueno, porque está atendiendo a la demanda social".
Los expertos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM coincidieron en que la designación del fiscal general de la República se debe llevar cabo en un proceso abierto y transparente con candidatos que sean propuestos por medio de organizaciones de la sociedad civil, universidades, colegios y barras de abogados, en comparecencias públicas, donde lo que predomine sea la transparencia.
El doctor Carbonell sugirió que los aspirantes a ese cargo presenten sus declaraciones patrimonial, de interés y fiscal, similar a la que se encuentran en la plataforma ciudadana del IMCO y Transparencia Mexicana.
Bullé dijo que el proceso de elección del nuevo fiscal debe realizarse como en el nombramiento del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde las propuestas salgan de universidades, colegios o barras de abogados, con el acompañamiento de la sociedad civil.
Miguel Carbonell agregó que es necesario un proceso más detallado por parte de los senadores, porque el problema no es Raúl Cervantes, ni la PGR, ni el presidente.
"El problema es que los legisladores no hacen bien su trabajo, ahora se abre una oportunidad para el Senado que hagan bien su labor y analicen a fondo las características, requisitos y capacidades de quien habrá de ser el primer fiscal general de la República", dijo.
Víctor Manuel Bullé consideró que urge que el Senado trabaje para sacar este nombramiento, pero primero que aprueben la reforma al artículo transitorio de la Reforma Política de 2014.
"Prefiero que se tarde un poco más, pero que sea una persona que desde el principio entre con legitimidad, eso es lo más importante, además que sea una persona capaz, con conocimiento y experiencia", explicó.
Carbonell agregó que se debe buscar que llegue el mejor perfil sin importar el tiempo que esto tome. "Ya llevamos dos años para nombrar al fiscal general, pero lo esencial es que tengamos la certeza que se trata del mejor calificado para el cargo".
