'México, con grave crisis de derechos humanos'

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) asegura que México "atraviesa una crisis de derechos humanos" en un contexto de violencia e inseguridad desde hace varios años, y si bien el gobierno mexicano ha realizado reformas constitucionales "importantes" desde 2011 para combatir la "desaparición forzada" y desterrar "la tortura", la respuesta del Estado sigue marcada por "deficiencias en su implementación y niveles críticos de impunidad".

En su informe sobre México, la CIDH señala que existe "especial preocupación" por el elevado índice de denuncias sobre "desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como la situación de inseguridad de las mujeres, la niñez, las personas migrantes, defensoras de derechos humanos y periodistas, quienes son víctimas de asesinatos, desapariciones, secuestros, tortura, amenazas y hostigamientos".

Con base en el monitoreo que la CIDH realiza de México en cumplimiento de su mandato -incluyendo la visita que realizó del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015-, los responsables del informe subrayan que los errores o engaños en las investigaciones oficiales sobre desapariciones "son muy graves y múltiples".

"Muchos casos de desaparición no se denuncian debido a la desconfianza de los familiares en la capacidad de respuesta del Estado o su temor a sufrir represalias, y en los casos donde sí hay denuncia la respuesta de las autoridades presenta graves deficiencias", expone el informe.

"La madre de un desaparecido nos relató que ha recibido amenazas de que le cortarían la lengua y que encontraría en la puerta de su casa los cuerpos de sus otros tres hijos si insistía en la búsqueda", dijo James Cavallaro, presidente de la CIDH y relator para México.

"En México hay 26 mil 798 casos de personas no localizadas y muchos son desapariciones forzadas, con intervención de agentes del Estado, cada caso es muy grave", expuso.

El reporte señala que la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida en septiembre de 2014 "es un ejemplo emblemático de la colusión entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado".

Se insta al gobierno de México a brindar acceso a los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para entrevistar a todos los testigos, incluyendo los integrantes del 27 Batallón de Infantería del Ejército que estuvieron presentes en los hechos ocurridos en Iguala los días 26 y 27 de septiembre.

"El grupo de expertos no ha podido tener acceso a los militares ni al batallón. Sufre, en cambio, lo que parece ser una campaña de desprestigio y difamación", indicó Cavallaro.

En el informe se hace alusión a los casos de Tlatlaya, Estado de México, donde perdieron la vida 22 personas en junio de 2014, así como el enfrentamiento ocurrido entre la Policía Federal y miembros del crimen organizado en la localidad de Tanhuato, Michoacán, en junio de 2015, "en el que perdieron la vida 42 civiles y un elemento de la Policía Federal".

 TORTURA E IMPUNIDAD

El reporte pone énfasis en que la tortura "es alarmante y generalizada". Revela que 77 % de los casos consignados "tenía evidencias de lesiones corporales en los detenidos".

"El Estado mexicano informó que la Procuraduría General de la República (PGR) contaba, al mes de abril de 2015, con 2 mil 420 investigaciones en trámite sobre tortura y que existen sólo 15 sentencias condenatorias por este delito a nivel federal", subraya.

En otro capítulo, la CIDH, que no había emitido un informe sobre México desde 1997, destaca el problema de la impunidad, que ha alcanzado "niveles críticos".

"La falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y en ciertos casos impulsar la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos", apuntó.

"Cuando estamos hablando de 98 % de grado de impunidad es evidente que las medidas que se están aplicando son insuficientes", añadió.

"No sé si el Estado mexicano va a aceptar nuestro diagnóstico de la gravedad del problema y no sé si va a poder responder a la altura del desafío. Eso lo tenemos que ver", indicó James Cavallaro .

El presidente de la CIDH pidió a México que reconozca "la gravedad de la crisis de derechos humanos que enfrenta y no trate de minimizarla hablando de casos aislados".

Urge acotar papel militar en seguridad

En México, las violaciones graves a los derechos humanos están relacionadas con la presencia del Ejército en labores de seguridad pública, por lo que es necesario desarrollar un plan para su retiro de las calles, considera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En su informe Situación de los Derechos Humanos en México", elaborado a partir de su visita al país en septiembre de 2015 y difundido ayer, advierte que a pesar del cambio de administración federal en 2012 no han habido variaciones ni en las políticas de seguridad y combate al narcotráfico ni en los niveles de violencia y violaciones a garantías de la población. "La atribución a las fuerzas armadas de roles que corresponderían a las fuerzas policiales civiles y el despliegue de operativos conjuntos entre las fuerzas armadas y las instituciones de seguridad estatales y municipales en distintas partes del país, han dado lugar a mayores violaciones de derechos humanos", advierte. "La CIDH considera indispensable que el Gobierno federal presente un plan concreto y por escrito sobre el retiro gradual de estas tareas, que por su naturaleza corresponderían a la Policía", remarca.

También recomienda la la creación de una ley general sobre uso de la fuerza que incluya los estándares internacionales en la materia y adoptar medidas para que todas las fuerzas de seguridad informen de los operativos en donde resulten personas muertas, pues el Ejército, señala, no registra estos datos desde abril de 2014. Otra de las peticiones de la CIDH consiste en adoptar medidas para que funcionarios federales y estatales se abstengan de emitir declaraciones públicas sobre la legalidad de la actuación de las fuerzas de seguridad sin haber realizado antes investigaciones. Sobre la desaparición de personas, la CIDH lamenta que sean los familiares de las víctimas quienes realicen la búsqueda de sus parientes. "La incapacidad institucional para atender el problema es la razón por la cual los propios familiares sean quienes están llevando a cabo sus búsquedas de fosas clandestinas en Iguala buscando a sus familiares desaparecidos, y desde noviembre de 2014 hasta la fecha han encontrado 106 cuerpos. Hasta el momento sólo se habría identificado oficialmente a 7 de ellos", apunta.