Las promesas formuladas durante el primer bienio del sexenio se desvanecen una tras otra. Mejor ni recordar el slogan de campaña: te lo firmo y te lo cumplo. Al igual que en otros sexenios, pensar en la rectificación, el golpe de timón o la súbita reconsideración ya no es posible. Cada día, tortura -qué palabra tan terrible en estos días- imaginar el siguiente descalabro de la administración que, como las anteriores, no alcanzó a ser gobierno.
Hoy, la inquietud y la tranquilidad política se cifran en un absurdo: que la administración concluya su mandato sin provocar un colapso generalizado y que el desbocamiento de los suspirantes presidenciales no complique aún más la situación. Más, no hay.
La palabra se ha devaluado al punto donde significa lo contrario de lo que expresa. El dicho presidencial -apenas de agosto- presumiendo que, con el cambio operado entonces en el gabinete, se entraba a una era donde se iba a trabajar "con muchas ganas y más fuerza", hoy se traduce en trabajar "sin muchas ganas y con menos fuerza". Una administración de brazos caídos.
Por más que se diga querer mover a México, el país sencillamente hoy no circula.
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Si la inacción ante la impunidad y la corrupción quebró la voluntad de transformar a México, mal no estaría dejar de insistir que se sostienen incólumes los postulados originales de la administración. Muchos de ellos ya son un mito insostenible, fábulas avasalladas por la realidad. Reiterarlos sin concretarlos sólo agrega, al incumplimiento, la sensación de ser objeto de la burla o el engaño.
Algunos de esos postulados convertidos en mitos insostenibles podrían ser los siguientes.
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Promover, respetar y garantizar los derechos humanos. Si bien hay funcionarios empeñados en darle contenido a ese postulado, periódicamente algún suceso o denuncia derrumba la supuesta intención.
El video de la soldado y la policía torturando a una mujer en Ajuchitlán del Progreso, en Guerrero, es la nueva cuenta del collar de perlas negras tejido a lo largo del sexenio que lastima de nuevo al país. Esa perla se ensarta justo un día después del informe de derechos humanos del Departamento de Estado de EU, que por tercer año consecutivo censura la constante violación de esos derechos. La administración no rectifica la conducta de las Fuerzas Armadas censurada dentro y fuera del país, la confirma.
A Tlatlaya (junio, 2014), Iguala (septiembre, 2014), Apatzingán (enero, 2015), Tanhuato (mayo, 2015), Tierra Blanca (enero, 2016), Papantla (marzo, 2016) se suma y conoce Ajuchitlán. Visto que, en cada caso, la responsabilidad de las fuerzas del orden se desvanece o minimiza cuando no se encubre o glorifica -Eruviel Ávila aplaudiendo el valor del Ejército en Tlatlaya-, más valdría dejar de postular el profundo respeto por los derechos humanos... atropellados.
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Integrar un sistema nacional anticorrupción. A partir de la práctica legislativa de garantizar en la Constitución lo que se niega o dificulta en el reglamento, mejor sería dejar de reiterar el postulado. Es evidente la resistencia de la administración y su partido a darle contenido cabal a la propuesta. Las leyes reglamentarias han sido descafeinadas y nomás falta que todo quede en canjear la designación del fiscal anticorrupción a cambio de aprobar el nombramiento del nuevo embajador de México en Estados Unidos.
La resistencia oficial a combatir la corrupción no sólo se advierte en el galimatías legislativo que propone como paliativo, también en el concepto que de ella tiene el Ejecutivo y que repite como perico su escudero, el secretario Virgilio Andrade. Más notoria aún, en la inacción ante los casos que con la legislación vigente se podrían castigar. Sin embargo, es tal la complicidad del conjunto de la élite política en la materia que atacarla es tanto como cortarse una mano... y, desde luego, nadie quiere ser manco en estos días tan productivos.
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Promover la transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información. Bajo la idea de que nada se puede hacer sin reformar las leyes, ese postulado es una suerte de entelequia. Sin embargo, a partir de la ética de la responsabilidad que no requiere de un Código de cuatro mil artículos, hay grandes y pequeños actos de gobierno de los cuales se deben rendir cuentas.
Un ejemplo reciente: el cese del embajador de México ante Estados Unidos, Miguel Basáñez. Quién y por qué decidió removerlo a tan sólo siete meses de haberlo nombrado: el Departamento de Estado, la Secretaría de Relaciones Exteriores o ambos de común acuerdo. Quién decide la representación ante el poderoso vecino del norte. ¿O todo fue producto del capricho salinista, expresado por la boca de la canciller Claudia Ruiz Massieu Salinas de Gortari? Si por rendir cuentas se entiende el boletín 139 de Relaciones Exteriores, es una vergüenza el concepto que se tiene de ese postulado.
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Debatir la legalización del consumo de marihuana. Hace cinco meses, el presidente Enrique Peña Nieto instruyó al secretario Miguel Ángel Osorio Chong organizar un amplio debate sobre el tema. Si la convocatoria fue una ocurrencia para salir del predicamento en que el amparo concedido a la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante colocó al gobierno y, a la vez, aprovechar el foro sobre drogas en Naciones Unidas -a punto de realizarse-, fiel a su espíritu, la administración puso en práctica el principio de salir de un problema creando otro.
Ahora un día se anuncia, otro se niega y al tercero se confirma la asistencia del mandatario a ese foro, al cual convocó México junto a Guatemala y Colombia. ¿Por qué tanto titubeo? ¿Se tiene o no una postura ahí?
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A esos postulados caídos se podrían sumar otros: el 911, los trenes de pasajeros, la austeridad y disciplina presupuestal, el mando único, la cédula única de identidad,… en fin, hasta el postulado de que "es tiempo de romper, juntos, los mitos y paradigmas, y todo aquello que ha limitado nuestro desarrollo" ya es un mito insostenible.
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