La fórmula del mando único policial a nivel estatal como la vía para atacar la inseguridad que todavía se vive en México es un tema recurrente en el último lustro, precisamente a partir de que se recrudeció la violencia en el país, con motivo de la guerra a la delincuencia organizada que inició el ex presidente Felipe Calderón en diciembre de 2010. Detrás de la misma hay muchos intereses de los más diversos tipos (económicos, políticos y, desde luego, también criminales) y se dicen muchas mentiras o, al menos, verdades a medias y también algunas verdades.
En abril del 2010 el Tecnológico de Monterrey, buscando desatar una dinámica positiva tras el asesinato de 2 de sus estudiantes dentro de sus instalaciones un mes antes, presentó una serie de propuestas contra la inseguridad; 7 meses después, en seguimiento a dichas propuestas rindió un informe, en el que destacaba que de los 2,536 municipios, 400 no contaban con policía municipal y otros 1,846 contaban con menos de 100 efectivos policiales, con lo cual únicamente 290 municipios contaban con policías con más de 100 agentes.
El miércoles pasado el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pidió a los legisladores del PRI y el PVEM sacar adelante la reforma de seguridad que presentó hace año y medio el presidente Enrique Peña Nieto, y al argumentar a favor del mando único señaló que "En lugar de tener 1,800 no capacitadas, no sólidas sin prestaciones mínimas, pasar a 32 que sí se pueden revisar, supervisar y que estén siendo profesionales". Si el dato es preciso, en estos momentos ya hay 768 municipios que no cuentan con policía (ya que hay que contemplar que dentro de la cifra de policías se encuentras las 32 de las entidades federativas), lo cual implica que en los últimos 6 años otros 368 municipios se quedaron sin policía propia.
Pero además Osorio señala que el 90% de estas 1,800 policías no están certificadas ni capacitadas ni cuentan con protocolos de actuación, lo cual implica que únicamente unas 150 policías municipales cumplen estándares mínimos para su operación, lo cual sería un poco más de la mitad de las 290 policías que contaban con más de 100 agentes, lo cual parece lógico. En este sentido es una realidad que son muy pocos los municipios que tienen y pueden sostener una policía que contribuya a una mayor seguridad de los residentes en sus demarcaciones.
Las autoridades municipales, por su debilidad económica, la falta de cuerpos de seguridad debidamente equipados y capacitados y, en muchos casos, también la falta de apoyo político, son las más vulnerables. Si además de esto tienen alguna ubicación geográfica estratégica o, al menos, importante para la delincuencia organizada, se vuelven el blanco perfecto para estos grupos, que desde luego no vacilan en recorrer toda la ruta (comprarlos, amedrentarlos o eliminarlos), en muchas ocasiones desde que son candidatos, para lograr el control de esos territorios.
Esto se refleja claramente en el hecho de que en los últimos 8 años han asesinado 40 presidentes municipales, además de los múltiples atentados y asesinatos de policías de esta instancia. En esta misma lógica, en las elecciones estatales de junio del año pasado, perpetraron más de 70 atentados en contra de candidatos a puestos municipales, de los cuales 7 fueron asesinados. Todo esto es una realidad.
Lo que no es cierto es que todos los municipios y todas las policías municipales son débiles y vulnerables, hay varias que son ejemplares, incluso gozan de una mayor confianza ciudadana que las estatales y muy similar a la federales; entre éstas destaca la de San Pedro Garza García, Nuevo León, pero no es la única. Y como el caso de San Pedro debe haber otros 150 o 200 municipios (no muchos más) que tienen la capacidad económica y el peso político para conformar policías eficaces, eficientes y cercanas a la población.
Por otra parte, lo que no tiene ningún sustento (apoyado en evidencia empírica) es que las policías estatales y federales sí cumplen con todos los estándares, pues como ha quedado demostrado en el mismo lamentable acontecimiento de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa (que el gobierno federal quiere tomar como ejemplo para demostrar la debilidad y vulnerabilidad de las policías municipales) es que las fuerzas estatales y federales, incluyendo al Ejército, estuvieron enterados en todo momento de lo que estaba ocurriendo, fue requerida su intervención y, por razones que hasta hoy no son claras, decidieron no intervenir.
Por supuesto que el análisis debe incluir muchos elementos más, pero la ruta propuesta el 5 de noviembre de 2010 por el entonces director de la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública del Tecnológico de Monterrey, Bernardo González-Aréchiga, tiene mucho sentido: "…si el municipio quiere tener una policía tiene que cumplir con los estándares de operación, si no los cumple, entrega la policía al estado, y si el estado no cumple estos mismos estándares, la entrega a la Federación".
Así que más que decretar el mando único estatal, lo que hay que definir con mucha precisión y claridad son los estándares que tienen que cumplir todas las policías que operen en México, sin importar la instancia de gobierno y las que no los cumplan desaparecen y la instancia más cercana asume dicha responsabilidad. Muy probablemente al final de la ruta existirán alrededor de 200 policías (entre municipales, estatales y federales) y, casi seguramente, habrá algunos estados que tampoco tendrán su propia policía.
