El grupo político que desde hace 11 años mantiene el poder en Coahuila se encuentra en crisis. Los síntomas son cada vez más evidentes con declaraciones y filtraciones -intencionales o no- que reflejan un distanciamiento entre Humberto y Rubén Moreira, exgobernador y gobernador, respectivamente. Alrededor de ellos, cuestionamientos y preguntas sin contestar respecto al caos financiero y el desastre en materia de seguridad que heredó la actual administración de la anterior. En medio de ellos, Jorge Torres López, Javier Villarreal Hernández, Rolando González-Treviño, Juan Manuel Muñoz Luévano, Jesús Torres Charles, Vicente Cháires, Lorenzo Schuessler, Luis Carlos Castillo Cervantes, Gerardo Garza Melo, María Esther Monsiváis y todos los diputados que avalaron la deuda.
Sobre ellos, la lupa de los fiscales federales estadounidenses que investigan desde hace años una presunta red de corrupción en Coahuila para sustraer recursos del erario y permitir la operación de grupos delictivos en la entidad. Muy lejos de ellos, cientos de miles de ciudadanos testigos de este teatro del absurdo del poder. Frente a ellos, una oposición oportunista y ansiosa por ver resquebrajarse al moreirato para coger su turno de gobernar. Pero en medio de todo el ruido, es importante no perder de vista aspectos fundamentales de esta trama.
Entre 2005 y 2011 la deuda estatal de Coahuila pasó de 323 millones de pesos (mdp) a 36,000 mdp. Es decir, se multiplicó por 111. La mayor parte de esa deuda fue contratada en 2010, cuando Humberto Moreira aún no pedía licencia para convertirse en presidente nacional del PRI. Al presentar el sexto informe de gobierno, el interino Jorge Torres dejó sin explicar el destino de 18,000 mdp que entraron a las arcas estatales durante el sexenio. A pesar de esto y de que parte de los créditos fueron contratados con documentos apócrifos y decretos reciclados, el Congreso estatal avaló una reestructura con la cual prácticamente legalizó la deuda y canceló la posibilidad de que se abrieran investigaciones en la entidad.
Entre 2011 y 2016 los coahuilenses han pagado a través de sus impuestos 23,000 mdp por concepto de servicio de deuda. No obstante, la deuda sigue siendo de 36,000 mdp. En parte porque la administración actual ha solicitado nuevos créditos para supuestamente pagar adeudos con proveedores, situación que contraviene disposiciones legales que establecen que sólo se puede solicitar créditos bancarios para inversión pública. En parte también porque la gran mayoría de las aportaciones ha sido devorada por los intereses, los cuales, a pesar de una segunda reestructura realizada en 2015, se mantienen por encima del 90 por ciento del monto total pagado anualmente.
El gobierno de Rubén Moreira ha ponderado el orden que se ha puesto en materia financiera luego de haber heredado una deuda que, según sus propias palabras, no se justifica. No obstante, a finales de octubre se dio a conocer que la administración actual pagó decenas de millones de pesos a empresas con domicilios dudosos o inexistentes por servicios que no corresponden a sus contratos o giros. Este escándalo provocó la salida de una de las funcionarias más importantes del gabinete, María Esther Monsiváis, exsecretaria de Infraestructura, por vínculos con una de las empresas favorecidas.
Entre 2008 y 2013 Coahuila vivió la peor crisis de seguridad de su historia reciente. Las cifras -aún imprecisas- de muertos y desaparecidos que dejó la ola de violencia son decenas de miles. Hasta hace poco se ha venido corriendo el velo de lo ocurrido en Allende, el penal de Piedras Negras, terrenos ejidales de La Laguna y ranchos del centro y norte del estado. El imperio del terror dejó una herida profunda que ha tardado en cicatrizar a pesar de los esfuerzos institucionales por darle vuelta a esta página atroz. La realidad de esos años es que Coahuila se convirtió en un campo de batalla en la guerra de los grupos criminales que llegaron a apoderarse de extensiones considerables de territorio. De los casos citados, del que existen más avances es Allende. No obstante, además de las contradicciones evidentes en la investigación, llama la atención que hasta el momento sólo han sido detenidas autoridades locales, sin que se indague la responsabilidad que tuvieron funcionarios estatales o la relación existente entre los hechos registrados en ese municipio y los ocurridos en el resto del estado.
Desde el año pasado se viene trabajando en Coahuila en el proyecto sucesorio dentro del grupo en el poder. De entre la multiplicidad de nombres, desde el principio destacó el del hoy alcalde con licencia, Miguel Riquelme. La coyuntura de la pérdida de las principales ciudades del estado, salvo Torreón, en la elección de 2013, obligó al priismo moreirista a concentrar sus esfuerzos en cuidar su principal bastión: la "capital" de La Laguna. En este contexto, Riquelme se convirtió en el alcalde más cercano al gobernador y en la carta fuerte para sucederlo. Este hecho ha provocado descontento al interior del PRI. Por un lado, están los inconformes con el régimen debido a que han sido excluidos del mismo. Por el otro, los inconformes de convicción que disienten de las formas de quienes ejercen el poder. Pero, además, están los saltillenses celosos que no aceptan que sea un lagunero el abanderado del partido oficial. Los primeros están en todas las regiones; los últimos, naturalmente, sólo en la región Sureste.
El descontento ha llevado a algunos a operar contra el sistema incluso desde dentro. Por ejemplo, las filtraciones de información referente a las presuntas empresas "fantasma" vino desde el interior de la Secretaría de Finanzas. El audio difundido la semana pasada en el que se escucha al secretario de Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes, pidiendo a la estructura de coordinadores de programas sociales cerrar filas en torno a la figura del candidato del gobernador, fue grabado por alguno de los destinatarios del mensaje. A lo anterior hay que sumar el factor Humberto Moreira, quien ha mostrado su obsesión por regresar a la escena política como candidato a una diputación local por un distrito de la capital del Estado. La pretensión resulta incómoda para su partido y su hermano, el gobernador. Que el exdirigente nacional del PRI aparezca en una boleta de la elección de 2017 representaría un alto riesgo para el tricolor. Si el Partido Joven concreta la postulación de Humberto sin alianza con el PRI, la expulsión sería automática. Dentro de este marco hay que entender los mensajes de texto y audio del exgobernador que han circulado contra el gobernador y su partido.
Pero las cosas siempre son más complejas de lo que parecen. Aunque los indicios de ruptura parecen claros, hay cabos sueltos o por descubrirse. Según lo que se puede leer entrelíneas de las declaraciones que los hermanos Moreira han hecho en distintos momentos, el distanciamiento no es nuevo y viene por lo menos desde el asesinato del hijo de Humberto, o antes. Pero ese distanciamiento no ha sido suficiente para que el gobierno de Rubén investigue lo ocurrido en el sexenio anterior en materia de finanzas y seguridad, y llame a cuentas a los responsables. Porque, hay que decirlo, hasta el momento el encubrimiento y la omisión han sido las constantes, no sólo desde el Palacio Rosa sino, incluso, desde Los Pinos. ¿Por qué?
¿Están la Presidencia de la República y el Gobierno del Estado atados de manos para proceder, ya sea por temor o complicidad? ¿Por qué la protección persistente? ¿Qué les debe Peña Nieto a los Moreira y a cuál de los dos más? ¿Permitirá el régimen que Humberto consiga lo que quiere a sabiendas de que eso puede costarle el Estado? ¿Por qué se sigue negando que hubo sustracción de dinero de las arcas cuando en Texas se asegura que así fue? ¿Dónde quedaron los 18,000 mdp? En fin, el Moreirato está en crisis y con él, el PRI en Coahuila. Lo que está por verse es si se trata de una crisis definitiva e insuperable.
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