Se atribuyen a la prensa o a la percepción de la realidad los motivos del malhumor social. En esa tesitura, desde el poder se replica que las cosas buenas no se cuentan, pero cuentan mucho; se emprenden acciones que, en el fondo, advierten manifiesta indiferencia y desdén ante el malhumor; o se esgrimen argumentos que, por huecos, no resisten el menor análisis.
Asombra, pues, la actitud del conjunto de la élite en el poder ante la adversidad económica, la incertidumbre política, el repunte de la violencia criminal y el malestar social. Su conducta lejos de desvanecer el malhumor social, lo acicatea y lo provoca.
A saber cuándo le caerá el veinte a esa élite en el poder de un hecho ineludible: es ella la que paso a paso y en absoluto desconcierto alimenta la espiral del descontento, animando una crisis combinada que, más tarde, cuando lo pretenda, difícilmente podrá atemperar.
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Uno. Al recorte presupuestal no lo ampara la sensatez financiera y la probidad en el manejo del gasto. Presume que, esta vez, la administración se apretará el cinturón, pero los cortes gruesos recaen sobre funciones y servicios que lastimarán directamente a la población. Como añadido, la reducción del gasto despide, en algunos rubros, un tufo que evidencia, en medio de la crisis, el vicio insuperable de darle una orientación electoral al recurso público y, claro, cargar los dados.
Se podría desear que, aun dentro del reducido margen de maniobra, los grupos parlamentarios opositores corrigieran algunas de las perversidades del presupuesto. Pero no, el deseo no es realidad. Los diputados aumentan artificialmente el presupuesto con el ánimo de garantizar un poquitín de recursos al grupo o al sector de su interés, anteponiendo desde luego el suyo y el de su respectivo partido. Inflan el presupuesto, cambiando en el papel algunos números. Así de fácil.
¿Es el Poder Legislativo un contrapeso del Ejecutivo o un cómplice irredimible?
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Dos. A los partidos políticos no escapa que el nuevo capítulo de la reforma política del Distrito Federal no es producto del reclamo ni del impulso ciudadano, sino del interés de ellos mismos por redistribuir el poder en la capital de la República, a partir de una nueva estructura de gobierno sin respaldo en los recursos disponibles como tampoco en el propio desarrollo de esas fuerzas políticas y, desde luego, no supone un manifiesto beneficio político y social a los habitantes de la metrópoli.
Tampoco ignoran los partidos que, en su concepto y diseño, el órgano responsable de sancionar el texto constitucional que regirá a la Ciudad de México no reviste la representación democrática que exige una ley de esa talla -cuarenta diputados designados y sesenta electos- y que tal distorsión altera la correlación de fuerzas políticas en el Distrito Federal.
Cierran los ojos o se quejan de dientes para fuera y cuando, por fin, un diputado constituyente, el panista Gonzalo Altamirano Dimas, propone al menos que el gobierno capitalino presente el estudio de impacto presupuestal de la nueva estructura de gobierno, la Asamblea rechaza la idea y vota en contra.
¿Cuál es la pluralidad y legitimidad democrática de esa Asamblea, si mayoritariamente está dispuesta a legislar a ciegas y repetir el error de confundir una Constitución con un catálogo de anhelos?
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Tres. Las encuestas y sondeos de preferencia electoral advierten que la próxima contienda por la Presidencia de la República será reñida en extremo y, quizá, derive en la polarización que, más de una vez, ha llevado al desencuentro nacional.
Ante ese cuadro, la actitud de los partidos es increíble. Por un lado, los tienta la idea de reformar la reforma electoral, el mazacote legislativo aprobado por ellos mismos, no con el propósito de darle garantías al electorado, sino para cargar los dados. Su mira no alcanza más que para ver la próxima elección. Por otro lado, en medio de aquella tentación, se les presenta la oportunidad de asegurar la autonomía e independencia de la nueva composición del Tribunal Electoral federal y qué hacen: repiten la política de cuotas y canjes. Tres para el PRI, dos para el PAN y uno para el PRD.
Antes de entrar en acción, el Tribunal que deberá sancionar la elección se encuentra desacreditado.
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Cuatro. El concurso en que se enfrascan el PRI y el PAN frente al hartazgo ante la corrupción es impresionante. Se empeñan en demostrar cuál de los dos más emblemáticos casos de corrupción exhibe al contrario como más ratero. La competencia es saber si, cuando la presunción cause efecto legal, el priista Javier Duarte o el panista Guillermo Padrés robó más. ¡Eureka!
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Cinco. Los costos políticos que dejó a Enrique Peña Nieto la compra y coacción del voto que lo llevó a la Presidencia de la República no fueron suficientes para derivar lecciones de la experiencia.
El hombre más próximo al presidente de la República, el jefe de su oficina, Francisco Guzmán, es exhibido entregando despensas y monederos electrónicos en el Estado de México. La exhibición no lleva a corregir el error, por el contrario, lo estimula: el sábado siguiente, el funcionario reitera la conducta. El uso de recursos públicos con propósitos electorales lo practica no un distante colaborador del jefe del Ejecutivo, sino el más cercano.
El mensaje es inequívoco: lo hicimos, lo hacemos y lo seguiremos haciendo. Háganle como quieran.
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Sólo son cinco ejemplos, hay muchos más: el nuevo tropiezo diplomático; la reducción del repunte de la violencia criminal a un problema de percepción...
Se puede culpar a la prensa del malhumor social, pero éste va en aumento y asombra que la clase política sea, en los hechos, la promotora del enojo nacional.
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