El comisionado presidente del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública (IDAIP), Héctor Carriedo Sáenz. (EL SIGLO DE TORREÓN)
A partir de noviembre de este año, los municipios deberán hacer pública la remuneración de servidores y empleados de base o de confianza -incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos y demás ingresos- y actualizar dicha información en los respectivos medios electrónicos.
“Independientemente de que argumenten motivos de seguridad tendrán que cumplir con esta obligación, que ya está considerada en la ley y además hay jurisprudencia de la Suprema Corte por tratarse de recursos públicos”, dijo el comisionado presidente del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública (IDAIP), Héctor Carriedo Sáenz.
Hasta ahora, los municipios del estado de Durango se han caracterizado por no dar a conocer los sueldos y prestaciones de que gozan los servidores públicos, y en el caso de Gómez Palacio, por lo menos durante las dos últimas administraciones se han argumentado motivos de seguridad para no hacer pública dicha información.
Bajo este criterio, únicamente proporcionan tabuladores con ingresos mínimos y máximos para cada puesto o cargo público.
La recién promulgada Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, establece la obligación de dar a conocer el nombre de cada servidor público junto con la remuneración bruta y neta que percibe, sin exhibir datos personales como el registro público de contribuyentes (RFC) dirección ni teléfono.
Durante el onceavo mes del año para hacer una evaluación diagnóstica de los avances y aspectos por corregir y a partir de junio de 2017, se podrán aplicar sanciones por incumplir tales obligaciones de transparencia.
