"La madre, o la ausencia de la madre, siempre determinan la vida de una persona."
Alice Sebold
Esde que publiqué el 15 de agosto el caso de Camila Flores Minganti, niña de seis años secuestrada por su propio padre, José Alejandro Flores Caballero, he recibido información de otros casos que muestran que la justicia mexicana no protege los derechos ni de las madres ni de sus hijos. El sistema tiene incentivos perversos para secuestrar a los menores, porque una vez que esto se hace es muy difícil o tardado que sean devueltos a su madre.
Ahí está Victoria Rojo Serrato, hija de una menor de edad, secuestrada, o "retenida", por el DIF de Naucalpan desde su nacimiento hace dos años. Tanto los abuelos como la madre, Mayra Alejandra Rojo Serrato, quien ya cumplió 18 años, han hecho todo lo posible por recuperar a la niña. El caso (715/2015) está radicado en el juzgado séptimo de lo familiar de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan, estado de México.
Las autoridades han permitido que un supuesto padre conviva con la menor sin haberle hecho prueba de ADN, pero ni a la madre ni a los abuelos los han dejado. Quien conoce el desarrollo infantil sabe que con esta privación se le está haciendo un daño permanente a la menor. La función del DIF de Naucalpan debería ser la de proteger a los niños y a las madres, en lugar de secuestrar a una pequeña para mantenerla dos años en un "albergue temporal".
La razón de la retención es un juicio penal por presunto homicidio en grado de tentativa contra Mayra, quien por su corta edad ocultó el embarazo a sus padres. Dio a luz en su casa y cortó el cordón umbilical con unas tijeras, pero se desmayó con ellas. No hay indicio de que nadie haya hecho daño a la recién nacida o haya intentado hacerlo. El médico legista que supuestamente preparó el dictamen pericial manifestó en la audiencia que no había firmado el documento presentado. La familia ha expresado temor de que la retención de la bebé por el DIF de Naucalpan tenga como propósito darla en adopción.
Otro secuestro lo ha sufrido Marcela Ortiz González, de 41 años. El 27 de julio de 2015 buscó asesoría legal para iniciar un proceso de divorcio "derivado de la violencia que vivía en mi relación". El marido, sin embargo, se llevó a sus dos niñas, Ariane y Valentina, de siete y dos años, así como las pertenencias de la madre. Dejó al suegro como vigilante para que le impidiera el acceso a la casa, excepto a su habitación. La mujer tuvo que obtener una medida precautoria para sacar sus documentos. Cada miembro de la pareja ha presentado demandas civiles (la de ella es 2121/2015 en la Ciudad de México). La penal por violencia familiar es la FPMPF/75TER/T2/00388/1507, pero la Procuraduría capitalina no parece haber hecho nada.
"Él, en este momento, tiene la guardia y custodia provisional de mis dos hijas, y desde que lo pudieron notificar [de la demanda de divorcio] a fines de abril del presente año, ya no me permite verlas. Ya se cumplió un año de esta pesadilla y yo sólo quiero poder verlas, aunque sea unos minutos. Son tan pequeñas que estoy segura que les hace falta su madre.
Nos dicen que las leyes mexicanas protegen a menores y madres. La realidad es otra. Por eso Camila, Victoria, Ariane y Valentina están separadas de sus madres. Lo peor de todo es que estos casos son sólo la punta de un problema que tiene visos epidémicos en nuestro país.
Sobre el caso de Camila Flores Minganti, me explican en el Tribunal Superior que la tramitación de los juicios se lleva a cabo "dentro de los términos señalados por los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles". Otro tema es que la Procuraduría capitalina no parece haber hecho nada en la investigación por la "retención" de la menor. Mientras tanto, Camila sigue separada de su madre. Eso es lo importante.
Twitter: @SergioSarmiento
