Integrantes del organismo Participación Ciudadana 29 se manifestaron ayer en el evento de colocación de la primera piedra del Centro de Convenciones de Torreón.
Para ellos es necesario que se investigue de manera amplia y se finquen responsabilidades en el caso de las 13 empresas "fantasmas" a las que el Gobierno del estado les facturó alrededor de 170 millones de pesos.
Señalaron que en el caso de la exsecretaria de Infraestructura María Esther Monsiváis, quien aparece implicada junto a su esposo en el caso de la empresa Riviera Alamo, S. A. de C.V., domiciliada en Saltillo, no es suficiente con que se haya separado de su cargo.
El grupo se apostó en el lugar a la espera del gobernador de Coahuila Rubén Moreira, pero éste no arribó al evento, aunque posteriormente sostuvo agendas privadas con diferentes organismos de la sociedad civil.
Fue el alcalde Miguel Ángel Riquelme quien tuvo a su cargo el arranque de la obra.
Patricia Vargas, presidenta de PC 29, dijo que no debe haber impunidad, porque el caso de estas empresas que le han vendido productos al gobierno, "lo han hecho sin licitación y es otro ejemplo de corrupción en Coahuila. Estamos hartos de tanta corrupción y que nadie haga nada", dijo. Expresó que no pretendían hablar con Moreira, sólo hacerle ese pronunciamiento para que él y otros ciudadanos, vean que hay un gran descontento.
PROTESTA
Sin 'hablar'
Respecto a la manifestación que realizaron los integrantes de Participación Ciudadana 29, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís dijo no tener comentarios sobre el tema.
178
MDP
Ha pagado el gobierno de Coahuila a estas empresas "fantasmas".
