Reclamo. Última manifestación de algunos de los padres de los 43 desaparecidos normalistas en Iguala.
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) pasó en 16 años de realizar visitas breves en zonas específicas de México a radicar permanentemente y recorrer cada semana diversos estados del país.
Encontrar, por ejemplo, a Mercedes Doretti, una de las fundadoras, es casi un tiro de suerte. La misma semana puede estar en Chihuahua, en Guerrero o en Tamaulipas, entregando dictámenes, en reuniones con autoridades federales o explicando los resultados a familiares de víctimas.
El EAAF llegó a México en el año 2000, para colaborar en la búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra Sucia, pero venía esporádicamente a lugares con fosas. En 2004, organizaciones civiles pidieron su intervención para identificar a víctimas de feminicidios en Ciudad Juárez.
"Esa fue la primera experiencia profunda, donde comenzamos a entender un montón de cosas que no conocíamos de cómo trabajar en este país", recuerda Doretti.
Después, el EAAF formó parte del Proyecto Frontera, para la localización de migrantes desaparecidos, que a su vez los llevó a trabajar, mediante la creación en 2013 de la Comisión Forense, que investigó la masacre de 72 centroamericanos en San Fernando, Tamulipas, de 2010; en las fosas halladas ahí mismo un año después y en el multihomicidio de 49 migrantes, en 2012, en Cadereyta, Nuevo León.
En eso estaban, cuando el 26 de septiembre de 2014 desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero.
"El trabajo de la Comisión Forense continúa, por eso estábamos acá cuando sucede lo de Ayotzinapa, no sólo vinimos por Ayotzinapa", recalca Doretti, aunque admite que a partir de los hechos de Iguala sus servicios son mucho más requeridos.
El EAAF, que se constituyó legalmente en 1987 con siete integrantes, deja ahora al menos a seis miembros de planta en México, aunque dependiendo las cargas de trabajo han llegado a ser 20, de los 60 que actualmente tiene el equipo en todo el mundo.
Doretti explica que los fundadores iniciaron su labor tres años antes, como voluntarios buscando a sus desaparecidos durante la dictadura Argentina.
Desde entonces el Equipo Argentino tiene ciertas reglas, como no colaborar si las familias no están de acuerdo y participar sólo en casos de violaciones a los Derechos Humanos.
"También ser un equipo esencialmente técnico, con un fuerte contenido ético, con un fuerte compromiso con las familias en términos de la verdad y la justicia. Estar cerca de las familias te llena de responsabilidad, de ser absolutamente claro y terriblemente responsable sobre cada palabra", explica la antropóloga forense.
"Te da una responsabilidad tan enorme que confíen en uno, que para nosotros siempre, sea lo que sea, nos parece que lo más importante para cualquier familia es conocer la verdad, aunque la verdad no siempre es lo que el familiar espera".
Para la especialista, que antes de llegar a México estuvo en una veintena de países de Asia, África, Europa y América, en México lo que urge son servicios periciales independientes, gubernamentales y no gubernamentales.
"Yo creo que en México estamos ante un problema enorme, de miles de desaparecidos y un nivel de respuesta muy bajo, y es un problema que sigue, lo que lo hace más difícil, porque en Argentina fue un período que terminó, la dictadura quedó ahí, pero acá es una situación bastante más compleja", afirma.
72
MIGRANTES
De Centroamérica en San Fernando.
MERCEDES DORETTI
Archivo
Agencia reforma
No confirman fuego en noche del 26 de septiembre
El último peritaje oficial sobre el basurero del sur de México donde, según el gobierno, habrían sido calcinados los 43 estudiantes de Ayotzinapa no logró determinar que hubo un incendio la noche en que desaparecieron los jóvenes entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
El informe, al que tuvo acceso The Associated Press vía una solicitud de acceso a la información, dio por probado que hubo "al menos cinco fuegos" en el basural de Cocula y que hay una zona quemada más grande donde se encontraron restos humanos.
Sin embargo, "la duración y fecha de los fuegos no pudieron determinarse con base a la información física disponible" por lo que no pudo confirmarse que los incendios hayan ocurrido cuando desaparecieron los jóvenes.
En abril la Procuraduría General de la República presentó sus conclusiones según las cuales existió un incendio de grandes dimensiones y se hallaron restos humanos de al menos 17 adultos, aunque indicó que se necesitaban más pruebas para corroborar si ahí pudieron ser calcinadas 43 personas. Pero bajo un argumento de confidencialidad la autoridad no divulgó la totalidad del informe que, ahora se sabe, refiere más focos de incendio y la falta de elementos para saber el día exacto en que ocurrieron.
El peritaje pretendía aclarar científicamente el destino de los jóvenes, pero creó más polémica porque la Fiscalía lo presentó como un aval a la versión oficial, algo que enfureció a los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que acusaron a las autoridades de hacer una "utilización política" del tema.
Meses antes, en otro peritaje, el Equipo Argentino de Antropología Forense que trabajó en el caso junto con la Fiscalía a pedido de las familias de las víctimas, informó el hallazgo de restos de al menos 17 personas. Aunque no pudo identificarlas, señaló que en un caso estaban seguros de que no era de ninguno de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa porque tenía una prótesis dental y ningún joven llevaba una. Se sospecha que el lugar se había convertido en un vertedero de cadáveres de gente de la zona, donde se han reportado más de 300 desaparecidos.
El último informe sobre el basurero fue encargado por la Procuraduría después de que dos previos, uno de los expertos de la Comisión Interamericana y otro del Equipo Argentino, echaron por tierra la versión oficial que decía que los 43 estudiantes habían sido calcinados en el basurero y que luego sostuvo que sólo habían sido incinerados algunos de ellos.
