La decisión de los senadores de evitar la obligatoriedad en la publicación de las declaraciones patrimonial, de interés y fiscal, conocida como 3 de 3 "queda a deber" a la sociedad y muestra que los legisladores no están a la altura de las necesidades de la población, aseveró el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos.
Por lo que se buscará que los diputados recuperen el principio de máxima transparencia y que admitan que es obligatorio publicar las tres declaraciones, para permitir el escrutinio de los ciudadanos.
Además, deja en claro que es "una ocurrencia de madrugada" y una idea inoperable e irreflexiva la decisión de los senadores de pedir que toda persona física o moral presente su declaración patrimonial, de interés y fiscal cuando reciba o ejerza recursos públicos.
Al sector empresarial no le "asusta" rendir cuentas, porque cada mes y todos los años se hace, pero los senadores quieren tratar igual a los empresarios y empresas, a pesar de que son desiguales, porque un funcionario público usa dinero público.
En la madrugada del miércoles el Senado aprobó la Ley general de Responsabilidad de los Servidores Públicos en la que integran la propuesta de que todo aquella persona física o moral que reciba recursos públicos debe presentar el mismo paquete declaraciones y que para los funcionarios no es obligatorio hacerlas públicas.
Por ello, dijo De Hoyos en entrevista telefónica: "quisiéramos pensar y esperar que haya un poco más de lógica y coherencia en el proceder en la Cámara de Diputados, rescatando lo bueno que se ha aprobado, en donde hay de avances. Esperamos que puedan enmendar la plana".
Se debieran quitar aquellas cosas que se incluyeron de manera "irreflexiva" por los senadores porque lo que se debería fiscalizar es el recurso, no a los directivos de las empresas.
El líder empresarial dijo: "es lamentable que no se haya plasmado de manera categórica, cuáles son los formatos y alcances a los que deben sujetarse las declaraciones. Apostamos al principio de máxima publicidad, cualquier persona que quiera ser funcionario público que sea sujeta al máximo escrutinio. No es afortunada la fórmula que se aprobó el Senado".
Es "innecesaria" la decisión que tomaron los senadores, pero en el caso de que decidan mantenerla debería acotarse sólo a la supervisión del recurso público, porque sería un despropósito llevar a fiscalizar a toda una empresa.
Explicó que hoy jueves a las 13:30 se reunirán los empresarios de la Coparmex para hacer una declaración con respecto a los avances del Sistema Nacional Anticorrupción, pero no será una marcha ni una toma del monumento, sólo será un mensaje de unos minutos.
Dijo que hace falta aclarar que los integrantes del consejo ciudadano anticorrupción deben tener carácter honorario, es decir no cobrar por el servicio, a fin de que no haya conflicto de intereses.
Sin embargo, el presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), Enrique Solana Sentiés, consideró que es "correcta" la decisión del Senado porque "si pedimos de los funcionarios públicos y políticos que hagan su declaración patrimonial, fiscal y de intereses debemos hacerlo nosotros, no le veo problema".
REVIRA EL VERDE: ES IP PARTE DE CORRUPCIÓN
El coordinador del grupo parlamentario del PVEM en el Senado, Pablo Escudero, justificó la reserva que, de último momento, el pleno añadió a la Ley de Responsabilidades con la que se obliga a los empresarios que tengan contratos con el Gobierno a presentar su declaración 3de3.
En conferencia de prensa, donde estuvo presente el coordinador del PRI, Emilio Gamboa, Escudero sostuvo que los empresarios son parte del problema de la corrupción en México.
"Ellos son parte del problema y nosotros se los vamos a recordar", afirmó.
"Este no es un problema exclusivo de los servidores públicos, para que haya corrupción tiene que estar la otra parte, y ellos tienen que comprometerse también", agregó.
Mientras que el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, lamentó que el Senado haya aprobado con el "mayoriteo del PRI" una Ley General de Responsabilidades Administrativas "descafeinada", al no permitir hacer pública las declaraciones patrimordiales. Indicó que la decisión del PRI junto a sus aliados deja claro que "siguen sin entender el mensaje expresado por los ciudadanos en las urnas (el pasado 5 de junio)".
Ponen lupa a ciudadanos, no a políticos
Mientras la información personal de los ciudadanos es cada vez más pública, e incluso se comparte con autoridades fiscales y financieras de otros países, los legisladores rehúyen presentar datos mínimos de sus actividades a través de la Ley 3de3.
Con la entrada en vigor de la factura y contabilidad electrónica, el SAT conoce en tiempo real las actividades económicas de los mexicanos.
Y, a través de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (Fatca, por sus siglas en inglés), el Gobierno conoce las cuentas bancarias en EU de connacionales, las ganancias que han tenido por esas inversiones y los movimientos financieros realizados.
En contraste, los senadores rechazaron que se se hagan públicas las declaraciones patrimoniales, de impuestos y de intereses de los funcionarios.
