Reforma. El líder de la CNTE sección 22 Rubén Núñez fue detenido por las autoridades.
El Juez Octavo de Distrito en Procesos Penales en la Ciudad de México concedió a Rubén Núñez Ginez, dirigente de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y a Aciel Sibaja Mendoza, tesorero del gremio, el beneficio de enfrentar en libertad sus juicios por lavado de dinero, que es considerado un delito no grave.
Núñez Ginez cuenta con el apoyo de un grupo de abogados de Morena, que asesora jurídica y políticamente a los maestros encarcelados.
Por instrucciones de Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de ese partido político, se integró desde el pasado 12 de junio una comisión de enlace para apoyar gratuitamente a los maestros que tienen procesos judiciales pendientes, declaró la secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky.
Sobre la situación jurídica del líder magisterial, de acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en apego a las reformas del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), el juez de la causa consideró que no existen elementos suficientes por los que deba permanecer en prisión, por lo que fijó una fianza de 100 mil pesos para que Núñez Ginez sea procesado en libertad por el delito de "lavado" de dinero, por el que fue detenido el 12 de junio pasado y encarcelado en el penal de Hermosillo, Sonora.
La misma garantía se dio al tesorero Sibaja Mendoza, aunque el juzgador consideró una serie de medidas cautelares, por lo que ambas personas no pueden participar en ninguna movilización o acto público que lleven a actos violentos y no pueden salir del país.
Fuentes consultadas explicaron que aún siguen abiertos otros procesos en contra de ambos integrantes de la CNTE, por lo que pueden ser detenidos por autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) o por la Fiscalía de Oaxaca.
En el caso de Francisco Villalobos, secretario de Organización de la CNTE, continúa preso por el delito de robo agravado, por lo que su defensa presentó un amparo para que pueda obtener su libertad.
Asistencia legal. Polevnsky reveló que a la fecha, entre los familiares de los presos que se han acercado a pedir apoyo jurídico a los abogados de Morena está la esposa de Rubén Núñez, Antonia Pérez Rivera, quien ha mostrado su preocupación por los cargos de "lavado" de dinero que pesan en contra del dirigente, así como por sus problemas de salud, puesto que tiene hipertensión y diabetes.
A la par de los abogados, Morena también designó asesores políticos y defensores de Derechos Humanos como Carlos Figueroa Ibarra, actual secretario de Defensa de los Derechos Humanos de la dirigencia nacional de Morena y experto internacionalista.
La comisión del partido, expuso Polevnsky, ha encontrado diversas irregularidades en los procesos judiciales, desde la forma como fueron detenidos los maestros disidentes, errores en los procedimientos que se les han abierto y una presunta construcción de delitos sin pruebas.
Recorte al sistema educativo
La presidenta de la Comisión de Educación Pública en la Cámara de Diputados, Hortensia Aragón, exigió a la Secretaría de Hacienda reconsiderar el recorte que anunció para el sector educativo por seis mil 500 millones de pesos. "Hacer el mayor recorte en el área educativa por segunda ocasión habla de las prioridades que tiene un gobierno que, por un lado dialoga con una parte del sector educativo y, por el otro, le quita recursos", reprochó.
Para la legisladora perredista, aun cuando se entienda la necesidad de tomar medidas ante el impacto del Brexit --la ruptura del Reino Unido con la Unión Europea-- en México y el mundo, el recorte al gasto por 31 mil millones de pesos afecta más a los sectores de educación y salud. "Rechazamos el criterio del Gobierno federal que nuevamente golpea al sector educativo, en momentos en los que debería ser más sensible, sobre todo, por el conflicto magisterial en el país", expresó. La legisladora del sol azteca recordó con que el segundo "ajuste preventivo" al gasto de 2016, el sector educativo tendrá 20 por ciento menos de su presupuesto original.
Rinden testimonio
La Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía de Oaxaca tomaron el testimonio a los elementos de la Policía Federal y de Seguridad Pública de la entidad que participaron en el operativo del pasado 19 de junio en Nochixtlán, donde murieron ocho personas.
Las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público de ambas dependencias incluyen estudios de balística de las armas de fuego que portaban los elementos de la Policía Federal. A partir del análisis de las ojivas encontradas en los cuerpos de las siete personas, se determinará si alguno de los policías accionó su arma en contra de ellos. Autoridades del Gobierno federal consultadas sobre este caso, explicaron que durante esta semana se tendrán los resultados del análisis, lo que permitirá tener los elementos suficientes para deslindar si algún policía accionó su arma de cargo. Indicaron que dependerá del resultado si se cita a declarar a los mandos de las corporaciones que participaron. Si algún uniformado disparó, se deberá establecer quién dio la orden de enviar más elementos y que portaran armas.
