La situación en Oaxaca no puede ser más complicada. Desde hace semanas un grupo de maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, apoyados por organizaciones radicalizadas, mantiene bloqueos en las principales carreteras de la entidad como medida de protesta en contra de la aplicación de la Reforma Educativa. Debido a los bloqueos, el abastecimiento terrestre de víveres y apoyos asistenciales para pobladores de escasos recursos se ha suspendido, y en consecuencia el gobierno federal ha tenido que establecer un puente aéreo para hacer llegar los suministros a las comunidades. La Iniciativa Privada se encuentra en una situación límite ya que el tráfico de mercancías a través de vehículos de carga se encuentra cortado. El impacto económico y social provocado por los bloqueos hace mella en uno de los estados con mayor rezago en el país. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, ha dado un ultimátum a la CNTE para retirar los bloqueos, pero la respuesta de esta organización fue reforzarlos y acusar al federal de provocación.
El dilema del gobierno de la República, hoy observado quizá más que nunca por organismos internacionales de Derechos Humanos, está en cómo restablecer el orden público sin incurrir en represión y excesos como ha ocurrido en otras ocasiones. La situación es delicada por sí misma, pero más lo es luego de que hace dos semanas se registrara en Nochixtlán un choque entre manifestantes y policías estatales y federales durante un intento de desalojo que dejó un saldo de ocho personas muertas, según cifras oficiales. A la tensión se suma la incertidumbre debido que hasta ayer la Procuraduría General de la República no había podido establecer qué fue lo que ocurrió el 19 de junio en Nochixtlán, quién disparó primero y quién mató a esas ocho personas. Sobra decir que un hecho similar significaría no sólo la cancelación de toda posibilidad de diálogo, sino también aumentar el malestar social en la zona y, en consecuencia, los riesgos de conflicto.
Pero también es importante revisar cómo fue que una reforma que se planteó como el principio de la solución del grave rezago educativo en México terminó convertida en foco de discordia y motivo de violencia. Porque no sólo es la postura radicalizada de los integrantes de la CNTE y los grupos que la apoyan en Oaxaca, Guerrero y Chiapas, también está el descontento de una buena parte de la base magisterial de otras entidades que considera que se han trastocado sus derechos, aunque también, hay que decirlo, sus privilegios en muchos casos. De cualquier manera, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, hasta el momento no ha logrado convencer de las bondades de la reforma y, sobre todo, de los resultados que se esperan tras su aplicación.
Los cuestionamientos constantes contra la forma de proceder del gobierno de la República le restan capacidad de maniobra y hechos como el de Iguala, Tanhuato y Apatzingán, sólo por mencionar los más sonados, se posan como una sombra sobre la decisión que en estos días -¿horas?- tomará la Secretaría de Gobernación respecto a los bloqueos, y al curso que deberá seguir la Reforma Educativa, la cual si bien es perfectible, en el fondo es necesaria. El reto es mayúsculo: hacer valer el estado de derecho y restablecer el orden público en el sureste, pero también respetar los Derechos Humanos y seguir apostando al diálogo como mecanismo para impulsar los cambios que se requieren en la República. ¿Estará el gobierno de Enrique Peña Nieto a la altura de las circunstancias?
