Candidata. La presidenta del INAI, Ximena Puente al presentar su candidatura a la Fiscalía Anticorrupción.
El titular de la nueva Fiscalía Anticorrupción debe ser independiente de los partidos y del Gobierno para garantizar la autonomía de ese órgano, además de ser un referente moral y experto en derecho penal, coincidieron ayer especialistas.
Sin embargo, advirtieron, los 32 candidatos que atendieron la convocatoria emitida por el Senado están lejos de cumplir con esos requisitos.
Mauricio Merino, investigador del CIDE, afirmó que sólo Miguel Sarre, quien buscó formar parte del Comité contra la Tortura de la ONU, destaca por su trayectoria intachable y su trabajo en la defensa de los derechos humanos.
En tanto, cuestionó la candidatura de Ximena Puente, presidenta del INAI, al considerar que pone en riesgo la credibilidad de ese organismo, una vez que senadores del PRI, PAN y PVEM le han manifestado su beneplácito.
Además, afirmó, tanto Puente como Manuel Hallivis, titular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), tendrían que dedicarse a fortalecer las facultades de los órganos que presiden, previo a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), de cuya dirección ejecutiva formarán parte.
"Ximena Puente, como presidenta del INAI, comete un error político al inscribir su candidatura. Con mayor razón cuando se filtra a la prensa que fue producto de una invitación hecha por el propio Senado.
"Es un error político. Ximena tiene una trayectoria de honestidad, es una persona capaz, pero creo que pone en riesgo el prestigio del INAI colocándose en esa frágil situación de brincar de un puesto a otro", planteó en entrevista.
Lourdes Morales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas, urgió a los 32 candidatos a hacer pública su declaración de conflictos de interés y probar su autonomía del Gobierno y los partidos para no debilitar los principios que dieron origen al SNA.
"Al nuevo fiscal le va a tocar una de las tareas más difíciles de todo el Sistema, que es la persecución de delitos (de corrupción), entonces tiene que ser una persona que tenga toda la fortaleza posible y todo el respaldo social", dijo.
Alejandro González, director de Gestión Social y Cooperación, exigió a los senadores nombrar a un abogado con experiencia en materia penal y con conocimiento del nuevo sistema acusatorio.
