Dice el viejo adagio español que "obras son amores, que no buenas razones". Evidentemente el contexto es uno muy distinto al que suele darse hoy en el ambiente político en México, pero sirve para dejar en claro que tanto en las cosas del corazón, cuanto en las de la política, lo importante son las acciones y el sentido que éstas tengan. El asunto viene a reparo a propósito de lo que se ha convertido en un vicio de la mal lograda democracia mexicana, que en una votación, por más dudosa que sea, suele otorgar una carta blanca a quienes desempeñan un cargo de elección popular en el poder Ejecutivo, sea federal, estatal o municipal. Al amparo de esa patente, es posible observar numerosos ejemplos en los cuales un alcalde, un gobernador o un presidente o, a lo mucho, el gabinete de éstos, determinan qué se debe hacer con el dinero que es de los ciudadanos y que es puesto en sus manos temporalmente y sólo para administrarlo. Naturalmente que no se espera, y es algo que no debería tolerarse, que se aprovechen de él para su beneficio. Pero lo que tampoco debería aceptarse, ya que es contrario a los principios democráticos y al propio bien común, es que sea utilizado para aplicar programas o desarrollar obras bajo criterio único de lo que es prioritario para quien administra. Sin embargo, en México esto último es un mal recurrente.
Un ejemplo de la visión parcial y muchas veces obtusa que suelen tener los gobiernos es el desequilibrio que existe en la inversión para infraestructura vial. El grueso de los recursos se van a desarrollar proyectos que benefician primordialmente a una minoría de la población, la que cuenta con vehículo propio. Bajo esta lógica se observa cómo se construyen puentes y pasos a desnivel o se amplían calzadas para una mejor circulación de los automóviles, pero generalmente se desdeñan los planes para hacer menos riesgoso el tránsito de los peatones en las ciudades, eliminar las barreras urbanas para las personas con discapacidad, fomentar otras formas de movilidad menos contaminantes y mejorar sustancialmente el transporte público. Ciertamente son varios los factores que se conjugan para que esto se dé así. Desde los electorales hasta los personales con el anhelo de trascendencia e impacto a partir de obras "que se ven", pasando por los políticos de no meterse con ciertos poderes fácticos y los económicos particulares para beneficiar a contratistas "amigos". El estado general que guardan las banquetas de las urbes de la llamada zona metropolitana de La Laguna, la ausencia de espacios para personas con discapacidad y usuarios de bicicletas y la deplorable situación del transporte urbano colectivo son muestra fehaciente del sinsentido a la hora de tomar las decisiones y soltar los pesos.
Recientemente se ha desatado una polémica en torno al proyecto turístico más ambicioso de la región: el Teleférico de Torreón. Pero la controversia se ha centrado actualmente en aspectos de forma, como lo es el diseño arquitectónico de las estaciones y las góndolas, o sobre si se han cumplido los trámites burocráticos adecuadamente. No es que carezcan de importancia estos cuestionamientos, sino que frente a otros parecen superficiales. Las preguntas que hasta ahora ninguna de las autoridades ha respondido es ¿era necesaria y prioritaria una obra como ésta? ¿Según quién? ¿De dónde surge esa necesidad? ¿La mayoría de los ciudadanos prefiere ese proyecto a otros? ¿Existe una consulta ciudadana que así lo indique? ¿Dónde está el estudio de impacto económico en el que se basa la expectativa de los gobiernos estatal y municipal? ¿Dónde está la anuencia de los vecinos y comerciantes del sector del Centro en donde se pretende construir la segunda estación? Es entendible, mas no justificable, que para los impulsores de este proyecto estas preguntas les resulten incómodas y hasta indeseables. No se puede esperar una reacción diferente de quienes, como la mayor parte de los gobernantes de este país, entienden la política como un ejercicio vertical en el que su voluntad es la única que importa.
Los funcionarios del ayuntamiento de Torreón han dicho en numerosas ocasiones, a manera de justificación, que el dinero que se invierte en la primera parte de la obra del teleférico estaba etiquetado desde el principio y que no podría destinarse a otra cosa. Cierto. Lo que no dicen, y aquí le apuestan nuevamente a tratar al ciudadano como idiota (en el sentido etimológico de la palabra), es que ellos deliberadamente concursaron para hacerse de ese recurso. ¿Por qué? ¿Qué papel juega esta obra en las aspiraciones políticas de quien hoy gobierna en la "capital" de La Laguna? ¿Se trata sólo de una ocurrencia, una muy costosa, por cierto? ¿Tiene algún sentido invertir en un proyecto así cuando la ciudad tiene, a los ojos de muchos ciudadanos, necesidades más apremiantes? Puede ser que sí, pero en todo caso las autoridades hasta ahora no lo han comprobado. No se han tomado la molestia, ni por cortesía ni por decencia, de explicar a quienes cuestionan la lógica de esta obra en qué se basan para creer que Torreón necesita un teleférico. Insisto, porque puede ser que lo necesite, que las autoridades vean algo que los demás no estamos viendo. El problema es que, por el momento, no lo sabemos. ¿Acaso los ciudadanos torreonenses no merecen esa explicación? ¿Acaso no merecen ser consultados, previa información detallada, sobre lo que debe hacerse con su dinero? ¿Acaso es iluso aspirar en Torreón a un modelo de auténtico presupuesto participativo como ya se da en otras ciudades del mundo y este país? Sí, obras son amores… aunque muchas veces parecen ocurrencias.
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