En la medida que las sociedades se vuelven más complejas los gobiernos deben responder a mayores demandas de la población: hay una mayor producción de riqueza debido al establecimiento de empresas que generan empleo y un crecimiento poblacional que comúnmente es simétrico con la expansión urbana de las ciudades que a su vez generan recursos entre los cuales una parte tiene fines impositivos, mismos que conforman el gasto público que promueve y atiende necesidades de infraestructura, servicios y otras funciones.
Esta complejidad principalmente propia de las grandes metrópolis urbanas entre las que se encuentran zonas conurbadas que abarcan dos o más municipalidades se rige por legislaciones y normas que regulan las relaciones entre gobernantes y ciudadanos, entre los integrantes de la sociedad política debe cumplir funciones rectoras del desarrollo y de servicio público, e integrantes de la sociedad civil que desempeñan actividades privadas pero también asociadas a las que realizan los anteriores.
En aquellos países o regiones donde esta relación se basa en una cultura democrática fluye más ágilmente entre unos y otros, entre gobernantes y ciudadanos, sin que por ello algunos, tanto de un lado como del otro, prescindan de exhibir la parte obscura de su naturaleza humana, algunos se apropian patrimonialmente de las funciones de gobierno o realizan prácticas abusivas al desempeñarlas, sea como uso excesivo de autoridad o robando recursos del erario público para satisfacer ambiciones particulares, aunque también entre los otros pueden ocurrir tales abusos, más que hacia el gobierno apoyándose o siendo cómplice de él.
México es aún uno de esos países donde no se madura esa cultura democrática, donde se continúan presentando esas disfunciones o distorsiones en el gobierno o en la propia sociedad, al grado tal de que una parte importante de nuestros gobernantes ha perdido credibilidad entre los ciudadanos ejerciendo el servicio público dentro de una lógica basada en el poder por el poder mismo, adquiriendo matices de ilegitimidad y poniendo en riesgo la gobernabilidad democrática. Tal parece que las propias instituciones públicas no cumplen como deben el mandato que les dan las leyes y nuestros gobernantes el que les otorgan sus gobernados.
No es, por tanto, suficiente tener instituciones que regulen a los servidores públicos y a los propios ciudadanos, ha sido necesario, por demanda ciudadana más que por iniciativa gubernamental, ampliar las funciones del Estado Mexicano o fortalecer aquellas en las que muestra debilidad, como ha ocurrido con aquellas donde el abuso gubernamental ha sido no sólo evidente sino excesivo, es el caso del manejo de los procesos electorales, en el respeto a los derechos humanos o en la transparencia y rendición de cuentas.
No basta, también por tanto, tener entidades que cumplan la función pública para que los servidores responsables la ejerzan, y los mismos recursos públicos, como debe ser, ha sido necesario crear organismos donde los ciudadanos coparticipen en la tomen de decisiones, esquemas obligados de gobernanza en los que se involucren ciudadanos sin nexos o que éstos no sean subordinados a los gobernantes o dirigentes de los partidos políticos que propicien una mayor gobernabilidad democrática, como es el caso de la creación del Instituto Federal Electoral (hoy INE), o del Instituto Nacional de Acceso a la Información, para que los gobernantes tengan esa credibilidad que da legitimidad al ejercicio de gobernar.
En nuestro país, el reclamo de ese ejercicio democrático va aumentando, si bien no lo suficiente como para que los mexicanos adquiramos y expresemos una cultura democrática que posibilite un mayor ejercicio de su ciudadanía y contrarreste las estructuras corporativas de control establecidas cuando se configuró el viejo régimen político y que nuestros actuales gobernantes sólo adecuan para que sigan funcionando. Y quizá, salvo algunos singulares casos como los mencionados, es a nivel regional o local donde cada vez es mayor la emergencia de estas expresiones de participación ciudadana que buscan fortalecer la débil sociedad civil.
Un ejercicio que va por ese sentido es la creación de observatorios ciudadanos, que no es sino crear fuentes de información alternas a las oficiales sobre el desempeño de los gobiernos y de los mismos ciudadanos, que obtengan y procesen información que proviene de las fuentes gubernamentales, o académicas, de las empresas y de la consulta en las percepciones de los individuos y colectividades sociales, la cual comuniquen a la sociedad en forma clara para que sea creíble, que ésta no sólo se base en las fuentes oficiales, en la formación de las ideas o creencias que tiene sobre su entorno.
En México se han conformado algunos de estos observatorios, en la Ciudad de México, León, Ciudad Juárez, Guadalajara, La Paz, por mencionar los que ya operan, siguiendo el ejemplo de Bogotá, Colombia, e integrando una Red Latinoamericana por Ciudades y Territorios Justos y Sustentables, con el lema de Bogotá Cómo Vamos. Una iniciativa similar ha surgido en la Comarca Lagunera promovida por la asociación civil Laguna Yo Te Quiero, la cual ha logrado el apoyo y participación de otros organismos civiles que comparten este objetivo.
Este observatorio, al igual que los anteriores, se denomina Laguna Cómo Vamos, realizará un ejercicio de generación de información sobre la base de indicadores, encuestas de percepción y evaluación de compromisos, para medir el desempeño de gobernantes y ciudadanos y la mejora de la calidad de vida de las ciudades de La Laguna, con el propósito contribuir a desarrollar gobiernos efectivos y transparentes, y ciudadanías más informadas, responsables y participativas. Es una iniciativa que los ciudadanos de esta región, debemos apoyar.
