Rectificar. Los diputados priistas Martha Tamayo, César Camacho y Jorge Carlos Ramírez Marín en la clausura. (AGENCIA REFORMA)
El PRI en la Cámara de Diputados anunció que harán consultas con especialistas, jueces y magistrados para determinar los alcances de la ley que obliga a los empresarios a presentar su declaración patrimonial, de interés y fiscal.
Legisladores del tricolor afirmaron ayer que hay interpretaciones equivocadas sobre el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, votada el jueves entre las críticas de la Oposición, organizaciones ciudadanas y empresarios, respecto a la inoperatividad de la norma.
Jorge Carlos Ramírez Marín dijo que su bancada "podría" estar dispuesta a presentar una iniciativa que corrija el polémico artículo, introducido en el Senado por su partido y el PVEM, que obliga a personas físicas y morales a presentar también la "3de3".
Las consultas con especialistas, dijo, las harán de inmediato para ver si es procedente presentar la nueva iniciativa antes de que entre en vigor la legislación.
"El compromiso que está haciendo el PRI es que, si fuera necesario --a juicio de alguna autoridad, de algún criterio que probara que efectivamente no alcanza esta redacción--, la modificaríamos", expresó.
Incluso dijo que consideran consultar al Tribunal Fiscal sobre la interpretación del artículo 32.
Ramírez Marín consideró que la redacción aprobada está dirigida a las grandes empresas y busca evitar que firmas fantasmas se hagan de grandes contratos para sus "cochupos".
Pese a las críticas a la ley aprobada, el diputado priista negó que su partido haya equivocado en proponerla, defenderla y aprobarla. "¿Reconocen que se equivocaron? ¿No es un error de ustedes?", se le preguntó.
"No, reconocemos que estamos en el camino correcto, procurando esta supervisión. La ley está bien aprobada", respondió.
Incisos vinculados
El presidente de la Comisión de Economía, afirmó:
⇒ No se ha interpretado el contenido de los incisos B y C del artículo 32.
⇒ El B dice que 'cualquier persona física o moral' que reciba y ejerza recursos públicos debe declarar.
