Manifestaciones. En varias ciudades de Quintana Roo, ciudadanos protestan por las medidas tomadas por Roberto Borge.
El gobernador saliente de Quintana Roo, Roberto Borge, contará con escoltas pagados con recursos públicos, durante los próximos 15 años, denunció el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, en conferencia de prensa.
Acompañado del gobernador electo de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, el líder panista advirtió sobre "el paquete de impunidad" aprobado en la entidad en favor de Borge, que incluye cinco "actos graves".
Dijo: "Ya convirtieron la Procuraduría del Estado en Fiscalía General y nombraron al actual procurador, Carlos Álvarez, para los próximos 9 años".
También refinanciaron la deuda del municipio de Solidaridad, donde el actual alcalde con licencia, Mauricio Góngora, fue el candidato del PRI a gobernador, difiriendo esa deuda de mil millones de pesos a largo plazo.
Anaya aseguró que el gobierno de Borge además designó a tres nuevos magistrados en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, "dejando la procuración de justicia en manos de un fiscal a modo".
Además designaron a Javier Zetina, exdirector de Transporte involucrado en diversos escándalos de corrupción, como nuevo Auditor Superior del Estado.
Por último, dijo, "hicieron una reforma legal para garantizar que el gobernador y toda su familia, sin importar si se encuentran en México o en el extranjero, cuenten con escoltas los próximos 15 años, pagadas con recursos públicos, es decir, con el dinero de la gente de Quintana Roo".
Frente a estos hechos, Anaya aseguró que no se quedarán cruzados de brazos, por lo que su partido buscará por medios legales y políticos dar marcha atrás a los nombramientos "a modo", relacionados con la fiscalización y la justicia en los estados donde habrá alternancia.
Asimismo, pidió la intervención del gobierno federal y del Comité Ejecutivo Nacional del PRI para dar marcha atrás a lo aprobado por el Congreso local, pues "todos sabemos que en la cultura priista los gobernadores no se mandan solos".
Joaquín González, por su parte, afirmó que los priistas no se dieron cuenta de que los ciudadanos votaron en favor de la transparencia y en contra de la corrupción para acabar con la impunidad que ha imperado en los últimos 6 años en Quintana Roo.
A pesar de ello, agregó, el Congreso local, aprobó un escandaloso "paquete de impunidad", y para consumarlo cambió su sede a un hotel de Cancún, fuertemente custodiado por policías del municipio de Solidaridad.
El gobernador electo aseguró que, como gobernador, impedirá que siga la impunidad y auditará el enorme endeudamiento del estado. Además advirtió que en los próximos dos meses podría aprobarse un nuevo paquete, que incluya la figura de magistrados de lo contencioso administrativo, que hoy no existe en Quintana Roo, para que puedan inhabilitar a los funcionarios que incurran en actos de corrupción.
Por este tipo de acciones en las entidades donde habrá alternancia, Anaya aseguró que "este es el peor PRI que hemos visto en la historia de nuestro país", pues al igual que en Quintana Roo, en Chihuahua y Veracruz los gobernadores salientes han propuesto paquetes de leyes y nombramientos a modo para pretender "blindarse" contra la acción de la justicia.
Anaya aseguró que el PRI "no se comportó de esta manera, ni siquiera cuando perdieron la Presidencia en el año 2000".
El presidente nacional del PRI aseguró que Carlos Joaquín cuenta con todo el respaldo de los partidos que lo postularon para que "estos señores devuelvan lo que se robaron y que quienes hayan cometido actos graves de corrupción vayan a la cárcel, empezando por el exgobernador del estado".
Exige IP sanción
El sector privado exigió aclarar y en su caso, sancionar, las acusaciones que existan en contra de los gobernadores salientes. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, señaló que no se puede consentir que ningún servidor público del nivel que sea, pretenda esquivar responsabilidades mediante argucias, imposiciones o simulaciones con las que sólo se busque protección y reproducir la impunidad.
"Los gobernadores electos tienen la responsabilidad de aclarar y, en su caso, sancionar, las acusaciones que existan contra las administraciones salientes. Esa es una exigencia ciudadana, y debemos de proceder como Estado mexicano", afirmó en su comentario semanal. Añadió que el desarrollo económico, político y social de una nación depende de la capacidad del Estado y de la sociedad de generar, por una parte, incentivos y condiciones de certeza para el cumplimiento de acuerdos y por otra parte, consecuencias para aquellos que violenten los derechos de los demás o incumplan sus obligaciones.
El presidente del CCE recordó que esta semana se llevará a cabo el período extraordinario de sesiones en el Congreso, dispuesto específicamente para procesar las observaciones presidenciales relativas a las adiciones improcedentes que se hicieron en el artículo 32 a la Ley de Responsabilidades Administrativas.
