Una y otra vez, más frecuente y detallado, se nos presenta casi totalmente dibujado el cuerpo de lo que en realidad tenemos como gobierno. Aunque no es novedad lo que se está prefigurando, los detalles nos permiten ver la clase de sujetos que se dedican y viven de la política, lo que producen y por qué lo hacen. La percepción de que el político es sinónimo de uso y abuso de poder y de manejo discrecional de recursos públicos, cuyo propósito principal e inmediato es el de hacer negocios al amparo del cargo y poder que detentan, de pronto es idea que se va generalizando. El escándalo que resulta de la detención de Humberto Moreira en España ha dado lugar a una catarata de artículos, análisis y conjeturas en los distintos medios, así como también a datos específicos como los del diario español El País, en el que al día siguiente de su detención, presenta información en la que señala que de acuerdo a las investigaciones que había realizado la Audiencia Nacional, Humberto Moreira inicia al tercer mes de su Gobierno a construir la red de complicidades que lo lleva a consolidar el control absoluto en él y en consecuencia, el manejo total de su presupuesto. Señala también, que lo hace de manera discrecional y a placer con el propósito de escalar en la política hasta llegar a la presidencia nacional del PRI, dando como resultado el endeudamiento de Coahuila durante tres generaciones y el llegar hasta donde ahora se encuentra: preso y en proceso para sentencia. Aunque el tema es importante, por el momento no es de mi interés abordarlo, el interés es en hacer algunas reflexiones sobre lo que esa clase de políticos nos están entregando, y el caso de Coahuila nos sirve de hilo conductor. Para haber llegado al punto en que se encuentra nuestro estado, sólo se pudo hacer a partir de la integración de un equipo de colaboradores que ocupara las principales posiciones en el Gobierno en donde fluirían los documentos, procesos y decisiones que permitieran consolidar el proyecto. Estamos ante una banda, una cofradía, una organización con el propósito de llevar a cabo acciones criminales como la del saqueo de los recursos públicos para el provecho personal, la de usar la miseria y la ignorancia para establecer la plataforma legal que les permitiera cometer esos crímenes; porque es un crimen que en el estado existan niños que no tienen zapatos, que no pueden ir a la escuela, que no tienen que comer. El cuadro se va aclarando cuando vemos quiénes ocuparon cargos en el gobierno de Humberto Moreira: el secretario de Finanzas y el director del SAT que cumplen papel relevante, el de Desarrollo Social que responde sobre el manejo político del hambre y la necesidad de los más pobres que tienen tarjeta de elector, el presidente del Congreso y todos sus miembros, donde la mayoría del PRI decide sin importar la noble tarea que le corresponde. Y más allá de la frontera estatal están las dependencias federales que cubren las rapacerías de este gobernador, diseminados en el poder Judicial y en el Ejecutivo cubriendo la espalda y el frente de la banda. Este modelo va de la mano del endeudamiento injustificado, pero legalizado que acompaña al proceso electoral que le permite a Enrique Peña alcanzar la Presidencia de México. Nos podemos preguntar de dónde salió el dinero, y lo podemos rastrear a través de la información que nos proporciona la hacienda pública de los estados más endeudados y aparecen junto a Coahuila: Chihuahua, cuyo gobernador además usó dinero público para fundar su propio banco (tiene 2 procesos judiciales instaurados en la PGR), Veracruz, que pretende explicar que su aportación era para tamales y Nuevo León, donde el padre del gobernador era el operador financiero de los impuestos. En estos estados, el modus operandi ha sido el mismo y es posible que el silencio del presidente se deba a los compromisos que adquirió a través del dinero público con estos gobernadores. Participación Ciudadana 29 tiene interés en indagar y conocer a quienes formaron gobierno durante el tiempo que Humberto Moreira fue gobernador y saber qué pasó con ellos, para que los coahuilenses puedan identificarlos, señalarlos y reclamarles su miserable actuación. Por lo pronto, algunos nombres salen a flote: Salomón Juan Marcos aprobó la deuda y Shamir Fernández legalizó lo que fue ilegal, le llamó reestructuración y hoy es otra vez diputado local y además, dirigente del PRI en Torreón, sólo por señalar algunos. En próximas colaboraciones daremos a conocer quiénes fueron los responsables y dónde están ahora mismo. El Ejecutivo diseña y propone, el Legislativo legaliza y depura, el Judicial oculta y no actúa. Como verá amable lector, el sistema está diseñado para que las complicidades tejan la red de corrupción en la que se debate lo que nos están dejando como país y como ciudad. El modelo también es trasladable al municipio, donde las sospechas rondan al alumbrado público, a SIMAS, a la Morelos, a los contratos y concesiones, a la compra de premios y reconocimientos, a un teleférico que permitirá ver desde las alturas las miserias de nuestra ciudad, entre otros asuntos.
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