A diferencia de otros años, tal vez 2016 nos haya dado una y otra vez la inmejorable oportunidad de comprobar que la corrupción, en cualquier nivel, no sólo cuesta pesos y centavos, sino violencia, pobreza y vidas humanas.
Partidos políticos, funcionarios y empresarios de la iniciativa privada se vieron envueltos nuevamente en escándalos de corrupción, encubrimiento y conflictos de interés que, al ojo ingenuo, pareciera tratarse de asuntillos inofensivos, que terminan afectando a unos cuantos, o que son normales y por eso ya no causan espanto.
Sin embargo, la red de corrupción que Javier Duarte tejió en el estado de Veracruz, por ejemplo, arroja un saldo de por lo menos 15 asesinatos a periodistas y 3 desapariciones. Según la organización Artículo 19, dedicada a defender y promover la libertad de expresión, todos los casos permanecen en completa impunidad. Así se convirtió el estado de Veracruz en el más peligroso para ejercer el periodismo.
En vísperas de Navidad, por otro lado, atestiguamos en todos los noticieros y redes sociales la tragedia ocurrida en el mercado de San Pablito en Tultepec, Estado de México. Treinta y seis personas murieron en el que ostentaba el título del "mercado de pirotecnia más seguro de América Latina". Los muertos en Tultepec tienen nombre y apellido, igual que los funcionarios del IMEPI (Instituto mexiquense de la pirotecnia) que en 2016 recibieron un presupuesto histórico de 18 millones 266 mil pesos, de los cuales 13 millones 69 mil fueron usados a cuenta de "Servicios Personales". Ni un solo peso se destinó, según documentos del propio instituto, para materiales de construcción, materiales y suministros para seguridad ni equipo de defensa y seguridad.
En Coahuila, la corrupción también tiene nombres, apellidos y colores. Y también ocasionan muerte, pobreza y violencia por todo el estado. Este año descubrimos con horror las fosas clandestinas en el Ejido Patrocinio de San Pedro de las Colonias. Más de tres mil restos óseos no pueden esconderse de la vista de todas las autoridades. Los asesinatos, secuestros y desapariciones durante la guerra contra el narco en Coahuila estuvieron necesariamente vinculadas a la indiferencia, ineficiencia y seguramente hasta la complicidad de distintos mandos municipales, estatales y hasta federales.
Es imposible, es totalmente absurdo e ingenuo pensar que la corrupción y las megadeudas que gobernadores como los nuestros dejan tras sus administraciones, repercuten sólo a nivel económico y que su mayor impacto es el alza en los impuestos.
La corrupción y la falta de participación ciudadana en todos los niveles del engaño, impactan mucho más allá de fenómenos tributarios: son baches en las calles, alumbrado público ineficiente y costoso, falta de empleo, empleo mal pagado, burocracia que obstruye el emprendimiento de negocios, censura en medios de comunicación, feminicidios, trata de personas, servicios de salud insuficientes, etc. La corrupción es pobreza, es dolor y es muerte.
El único antídoto, y la gran oportunidad que tenemos en las manos, es la participación, la organización sistemática y consciente de pequeños o grandes grupos de la sociedad. 2017 es un año ideal para ejercer una mejor ciudadanía. No basta con escuchar las campañas electorales que se avecinan, hay que formar parte del proceso. Es momento de observar detenidamente; de señalar las carencias y necesidades; denunciar a funcionarios y candidatos, pero también a quienes hacen tratos con ellos, que nos perjudican a todos; proponer y hacernos partícipes del movimiento, en colectivo.
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