El proyecto de reglamento de Participación Ciudadana propuesto por el Cabildo de Torreón, que se haya hoy día sujeto al análisis y al debate, no satisface las exigencias de un sistema moderno, en el que el ciudadano en sus vertientes individual y colectiva, es el protagonista principal de la vida pública.
El ciudadano tiene frente al Estado una doble posición: la de constructor activo del poder público y vigilante exigente de su ejercicio por una parte, y por otra la de gobernado que como tal debe acatar el orden jurídico, cuya estructura de mando está legitimada sólo en la medida en que la democracia y la participación ciudadana sean una realidad.
Por ello ante las deficiencias evidentes que presenta nuestra democracia, es necesario impulsar la participación ciudadana en la construcción del poder político desde la base social, que incluye tanto el diseño de políticas públicas, como el seguimiento de su aplicación y la medición de sus resultados. Se trata pues de abrir canales de participación democrática, que vayan más allá de la emisión del voto o de la militancia a través de los partidos en tiempos electorales.
La participación ciudadana es un derecho constitucional vinculado en forma inseparable a la libertad de reunión y asociación, al derecho a la información y a la rendición de cuentas. Todos estos son derechos humanos fundamentales que tienen una existencia incluso anterior al estado; el estado no crea ni concede tales derechos sino que simple y llanamente los reconoce y los asume como obligado a su respeto y garantía.
Por ello en el interactuar entre ciudadano y autoridad la transparencia es requisito indispensable, para que del conocimiento generalizado de la cosa pública a profundidad y en detalle, puedan surgir el análisis, las opiniones y las iniciativas de los ciudadanos para influir en el actuar del gobierno en temas concretos.
El proyecto generado por el Cabildo de Torreón cuyo comentario nos ocupa está plagado de inconsistencias y en específico, tiene al menos dos defectos esenciales. El primero consiste en que el proyecto no establece la obligación de la autoridad municipal, en el sentido de cumplir con una elemental transparencia, que el gobierno debe asumir con el compromiso de poner a disposición del público la información en tiempo real, lo que hoy día implica que lo haga mediante tecnología digital de última generación en Internet. La omisión en que incurre el proyecto reglamentario que nos ocupa al eludir este compromiso básico, deja a la ciudadanía torreonense en las tinieblas que hasta ahora imperan.
Otro defecto medular del proyecto que hace nugatorio el objeto y fin que por naturaleza al reglamento le es propio, consiste en la pretensión de controlar la creación y funcionamiento de las asociaciones cívicas a la medida de los deseos del gobierno, mediante la exigencia de un registro del que deriva la licencia o patente en virtud de la cual, el poder público decide quién o quiénes tienen permiso para interactuar con la autoridad, lo que genera dos clases de ciudadanos, el reconocido como tal y el que no tiene el reconocimiento del gobierno.
La propuesta reglamentaria en comento, pretende usurpar la representatividad de la sociedad por medio de una estructura orgánica dizque ciudadana, que se agrega a la estructura burocrática del poder público.
Ese intento invasivo corresponde al estilo del moreirato, que se alimenta de una red clientelar parasitaria que a diferencia del viejo PRI que favorecía a los "amigos y familiares" de los funcionarios en turno, el día de hoy genera políticas dirigidas a un colectivo más extenso al estilo de los comités bolivarianos de la Venezuela de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, lo que va en contra de la libre participación ciudadana y de la sociedad abierta que es indispensable para el ejercicio pleno de la democracia.
Por todo lo anterior el Cabildo de Torreón debe dejar sin efecto el proyecto de reglamento mencionado y generar otro que impulse la participación ciudadana, a partir del compromiso de la autoridad con el derecho a la información, la transparencia, y la rendición de cuentas, así como del reconocimiento a la libertad de reunión y asociación de todo ciudadano, sin distinciones ni privilegios.
