— Wex Legal Dictionary
No es un conflicto minero. Tampoco una disputa laboral. Lo que ocurrió en la mina de Peñasquito, Zacatecas, ha sido una extorsión que pone en duda si los contratos y las leyes tienen algún valor en México.
Peñasquito es una mina del municipio de Mazapil, uno de los más pobres de nuestro país. Es la mina de oro más importante de México y la segunda del mundo, después de una en Sudáfrica. Además de oro, tiene plata, zinc y cobre, entre otros metales.
El complejo de Peñasquito empezó a ser desarrollado en 2006 por la empresa canadiense Goldcorp. La inversión ha sido enorme, en parte porque además de la mina había que construir una carretera que comunicara este aislado centro de producción con la carretera federal 54 (Zacatecas-Saltillo). En 2009 fuentes periodísticas se referían ya a una inversión de 1,500 millones de dólares. La planta fue inaugurada oficialmente en 2011. En la actualidad se ha acumulado una inversión de 2,500 millones de dólares, según la empresa.
El proyecto ha sido una bendición para una zona de miseria. Además del alquiler de las tierras ejidales, un contrato que se realiza de conformidad con la ley y la aprobación de los ejidatarios, la empresa ha realizado trabajos y otorgado beneficios especiales a la comunidad, como obras de infraestructura, becas a estudiantes, apoyo para escuelas, apoyo alimentario, pozos de agua, respaldo a micros y pequeñas empresas, programas deportivos y culturales. Su programa de inversiones sociales asciende a 4 millones de dólares al año.
La mina ha creado 3,500 empleos directos, con salarios muy superiores a los pocos disponibles en la comunidad, y más de 7 mil indirectos. Casi toda la actividad económica del lugar, y buena parte de la del municipio de Mazapil, gira en torno a esta mina. El 27 de julio pasado el consejo de administración de GoldCorp aprobó una inversión adicional de 420 millones de dólares para los próximos tres años, que serviría para desarrollar un proceso de lixiviación de pirita que diversificaría la producción.
Toda la operación, sin embargo, se detuvo como consecuencia de un bloqueo de la mina desde el 26 de septiembre por un pequeño grupo encabezado por dos líderes políticos, José Narro Céspedes, ex del PT y hoy del PRD, y Felipe Pinedo Hernández, del Frente Popular de Lucha de Zacatecas. No sólo impidieron el ingreso de insumos o la salida de producto terminado, sino la salida de los trabajadores y el acceso de alimentos para ellos. La mina se vio obligada a suspender operaciones.
El bloqueo no sólo fue ilegal, sino que se convirtió en una agresión a los mineros y a una operación que ha tenido enormes beneficios para la comunidad, que no sólo ha cumplido con cada uno de los requisitos establecidos por la ley y los dueños de la tierra, sino que ha sido enormemente generosa con la localidad. Ayer un juez estatal ordenó el levantamiento del bloqueo debido a la crisis humanitaria para los trabajadores privados de la libertad en el interior y por el riesgo debido a la presencia de explosivos en la mina. Las autoridades respondieron y retiraron el plantón después de nueve días. Las pérdidas, sin embargo, ascendieron a tres millones de dólares diarios, según la empresa.
El de Peñasquito es un caso importante. Si seguimos viendo este tipo de bloqueos, las autoridades estarán reconociendo que en México ni los contratos ni las leyes sirven para nada. ¿Quién invertirá entonces en el país?
Sin la inversión directa de mexicanos habría 6 millones de empleos menos en Estados Unidos, según Jodi Bond, vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. ¿A quién beneficiaría así el muro de Trump?
Twitter: @SergioSArmiento