Propuesta. De no entregar información o se obstaculice la fiscalización a gobiernos, la ASF busca multar a los responsables.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) propuso al Senado que la entrega de documentos falsos por parte de las autoridades o los particulares durante un proceso de auditoría sean sancionados con penas de cárcel.
También, sugirió que en el caso de que haya una negativa a entregar información o bien se simulen actos que tengan como objetivo obstaculizar la fiscalización, se impongan multas a los servidores públicas que incurran en dichas conductas.
Al formular sus observaciones al paquete de leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, la ASF propuso que en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación se establezca con claridad que la entrega de documentos falsos está castigada penalmente.
"Cuando los servidores públicos y las personas físicas y morales, públicas o privadas aporten información falsa, serán sancionados penalmente conforme a lo previsto por el artículo 247, fracción I, del Código Penal Federal", sugirió.
Dicho artículo prevé de cuatro a ocho años de prisión y de 100 a 300 días multa como castigo.
En el caso de la negativa de entrega de información o simulación, la ASF pidió que estas conductas se equiparen a la figura de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad, que el Código Penal sanciona con una pena de 15 a 200 jornadas de trabajo en favor de la comunidad.
Las observaciones formuladas por la Auditoría son respecto de los documentos de trabajo que ha elaborado la Comisión de Anticorrupción y de Participación Ciudadana, que contemplan, además de la Ley de Fiscalización, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La ASF hizo un mayor número de comentarios a Ley de Fiscalización, que es en la que más competencia tiene y en ella propuso algunos cambios para que no existan limitantes a su función fiscalizadora.
Por ejemplo, pidió dejar en claro que tiene capacidad para revisar las cuentas de los Poderes de la Unión, de los órganos autónomos, de las empresas productivas del Estado, sus subsidiarias y sus filiales; así como de las entidades federativas, municipios y fideicomisos, entre otros.
También pidió que se establezca que no podrá negarse información a la Auditoría argumentando que se trata de información clasificada o reservada.
