Investigación. El mecanismo retoma la investigación del GIEI y sus aportes.
Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala, Guerrero, desde hace dos años, no murieron incinerados en el basurero de Cocula.
Por eso James Cavallaro, presidente de la CIDH, exhortó a "cambiar la narrativa de esos hechos" para "no seguir reforzando la tesis del basurero".
Al presentar la metodología que utilizará el mecanismo especial de seguimiento para el caso Iguala, que releva al Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) Cavallaro aseguró que "no hubo tal incendio", y por lo tanto "deben revisarse otras líneas de investigación".
El mecanismo presentado por la CIDH retoma la investigación del GIEI y sus aportes contenidos en los dos informes elaborados el año pasado. A partir de ellos, Cavallaro explicó que hay por lo menos una docena de diligencias y todavía pendientes.
Entre ellas, las entrevistas a los elementos militares del 27 Batallón de Iguala, presentes en varios de los escenarios del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes.
También el tráfico de los teléfonos celulares implicados en los hechos, y la actuación del extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, quien encabezó durante año y medio las investigaciones.
"El trabajo del GIEI demostró que los cuerpos de los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero de Cocula, y es necesario seguir en todas las líneas factibles de investigación actualmente en desarrollo", dijo Cavallaro.
SEGUIMIENTO
El plan de trabajo que presentó ayer la CIDH consta de cuatro objetivos: el avance de la investigación, la búsqueda de los desaparecidos, la atención integral a víctimas y familiares, y las medidas estructurales de no repetición.
El mecanismo de seguimiento está encabezado por el relator de la CIDH para México, Enrique Gil Botero, quien fungirá como coordinador y portavoz de los trabajos que emprenderá el personal técnico de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.
El mecanismo tendrá acceso a la información necesaria en los expedientes y otras fuentes de información. El plan de trabajo detalla el cronograma tentativo de las visitas a realizar, en coordinación con autoridades, así como el seguimiento a través de audiencias públicas y reuniones de trabajo.
Gil Botero señaló que para conducir una investigación efectiva que llegue a la verdad, el GIEI incluyó recomendaciones técnicas específicas, cuyo cumplimiento está pendiente.
"El segundo informe del GIEI es muy preciso en el análisis de los problemas que tuvo la investigación y las recomendaciones para resolverlos", dijo.
Explicó que aquel informe abarca desde las limitaciones y obstrucciones que enfrentó la investigación, la ausencia de medios tecnológicos en las búsquedas de los desaparecidos, la falta de atención adecuada a los familiares, la revictimización y las deficiencias de los informes médicos realizados a las personas detenidas tras las denuncias de haber sido torturadas.
"La misión del mecanismo de seguimiento es supervisar el cumplimiento de la medida cautelar y de las recomendaciones del GIEI. Esperamos total colaboración de parte de las autoridades mexicanas para alcanzar el objetivo común de establecer la verdad y que se haga justicia", agregó el comisionado.
Cabe recordar que el 3 de octubre de 2014 la CIDH solicitó al Estado mexicano determinar la situación y el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos, como un requerimiento de la medida cautelar. Transcurridos dos años, este objetivo continúa incumplido.
Se espera que el mecanismo recién presentado dará seguimiento y supervisión a las medidas que adopte el Estado a fin de dar cumplimiento a la medida cautelar y a las recomendaciones de los dos informes del GIEI.
"La principal deuda que tiene el Estado con los estudiantes, sus familiares, y la sociedad toda, es investigar hasta establecer la verdad de los hechos", dijo Cavallaro.
