Dos organizaciones civiles pidieron ayer a una Corte Federal de Apelaciones detener la reciente orden de un juez de Texas para que el gobierno federal entregue los nombres e información de unos 50 mil indocumentados beneficiados por el DACA.
La petición fue interpuesta por el Centro Nacional de Leyes sobre Inmigración (NILC) y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ante la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito.
Ambas organizaciones presentaron la solicitud en nombre de cuatro inmigrantes que recibieron autorizaciones de trabajo de tres años, bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
Las dos entidades pidieron que se detenga la orden emitida en mayo pasado por el juez federal Andrew Hanen, quien impuso sanciones a abogados del Departamento de Justicia, tras determinar que engañaron a la Corte en el caso de una demanda interpuesta por 26 estados contra acciones ejecutivas del presidente Barack Obama en migración.
Como parte de las sanciones, el juez estableció un plazo -que vence el próximo viernes- para que el gobierno federal presente datos sobre unos 50 mil indocumentados a los que les otorgaron permisos de trabajo de tres años, pese a que los abogados aseguraron que no se habían emitido dichos permisos.
El juez Hanen castiga a los migrantes al ordenar que el Departamento de Justicia proporcione a la Corte los nombres, direcciones y demás datos de decenas de miles de jóvenes inmigrantes, afirmó Karen Tumlin del Centro Nacional de Leyes de Inmigración.
"La enorme demanda del juez Hanen ha arrastrado injusta e innecesariamente a un grupo de individuos libres de culpa en esta demanda motivada por cuestiones políticas", sostuvo Tumlin.
"Estos jóvenes inmigrantes no deberían ser atrapados por las maniobras políticas de este caso", añadió la activista al hablar con reporteros en una conferencia telefónica.
Dos de los cuatro inmigrantes que interponen la petición residen en Texas, y sus nombren se mantienen en reserva para proteger sus identidades. Los otros son Juan Escalante, quien vive en Florida, y Angélica Villalobos, de Oklahoma.
Villalobos y Escalante señalaron ayer viernes que temen que la información personal que el juez ordenó entregar pudiera ser utilizada para acosarlos o perseguirlos por su condición de migrantes indocumentados.
