Uno de los principales asuntos pendientes del Estado mexicano es el combate a la pobreza en todas sus formas. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) establece 11 derechos sociales o dimensiones de bienestar: alimentación, educación, medio ambiente sano, no discriminación, salud, seguridad social, trabajo, vivienda y bienestar económico. La falta total o parcial de uno o varios de ellos coloca a una persona en algún grado de pobreza. Para atender estas carencias, el Estado en su conjunto dispone de ingentes recursos y numerosos programas aplicables entre la población más vulnerable. A pesar de ello, la pobreza en México, en general, no ha disminuido y el avance en la erradicación de la pobreza extrema ha sido mínimo en los últimos años. ¿Por qué?
De acuerdo con cifras del Coneval de 2014, el 46.2 % de los mexicanos se encontraba en situación de pobreza, 0.7 % más que en 2012. Dentro de este número, el 9.5 % de la población presentaba pobreza extrema, 0.3 % menos que dos años antes. En cuanto al rubro específico de ingresos se observa que la población con ingreso inferior a la línea de bienestar y a la línea de bienestar mínimo sigue en aumento: en 2014 era el 53.2 % en el primer caso y 20.6 % en el segundo, 1.6% y 0.6 % más que en 2012, respectivamente. En suma, prácticamente la mitad de los mexicanos son pobres y sobreviven con ingresos inferiores a la línea de bienestar.
El hecho de que la pobreza haya aumentado entre 2012 y 2014 llama la atención sobre todo porque los recursos destinados a combatirla también se han incrementado año con año. En 2013, primer año del gobierno del priista Enrique Peña Nieto, se ejercieron 5.5 % más recursos que en 2012; y en 2014, 4.5 % más que en el año previo, para ubicarse en los 856,503.82 millones de pesos (a valores constantes de 2012), una cifra récord para 233 programas sociales aplicados por la Federación. Pero ¿es mucho o es poco lo que se invierte para hacer frente a la pobreza en México?
El monto destinado a los programas y acciones de desarrollo social en 2014 representaron 20.2 % del total del presupuesto ejercido en ese año. Es decir, En México de cada peso que el gobierno gasta, 20 centavos se destina directamente al combate a la pobreza. Pero si se toman en cuenta las funciones socioeconómicas del gasto público de las distintas dependencias o entidades, el gasto de desarrollo social representa el 52 %, con lo que se ubica, por mucho, en la primera posición. Si la mitad de los recursos del Estado están destinados a atender las carencias de la mitad de la población, entonces es fácil deducir que el problema no está en la falta de dinero. ¿En dónde está, entonces?
Es cierto, la pobreza es un fenómeno ligado a varios factores. El principal tiene que ver con la generación de la riqueza y su distribución. Los países más pobres son aquellos que producen poco y lo poco que producen se concentra en unas cuantas manos. En estos países la clase media es prácticamente inexistente, y requieren de ayuda exterior. También están los países con economías grandes, pero con una alta concentración de riqueza, como es el caso de México, en donde la clase media es débil y altamente propensa a caer en pobreza.
Para compensar las desigualdades y nivelar el terreno, el Estado interviene con la política social financiada gracias a los impuestos. Lo ideal es que la inversión en este rubro permita a la población en condición de pobreza satisfacer sus necesidades inmediatas y, a la par, desarrollar una independencia económica. ¿Existe esta visión en México? Puede ser que sí. Pero, entonces, ¿por qué no se ve reflejada en una mejora sustancial de los resultados? Hay varias posibles causas para plantear una respuesta.
En primer lugar, en el análisis del Coneval se observa que la mayor parte de los recursos, 52 %, de desarrollo social se invierten en población adulta, es decir, en edad productiva o dependiente por edad avanzada. Y esto se da no obstante que México es considerado un país de jóvenes. A este último grupo de población se destina 32.5 % del gasto social. Pero en el caso de la infancia, el segmento de edad más vulnerable, la rebanada del pastel es mucho menor, apenas del 15 %.
¿Qué significa lo anterior? Que el Estado mexicano destina menos recursos al buen desarrollo y sano crecimiento de los niños y jóvenes que a atender las necesidades inmediatas de quienes ya pueden laborar o ya lo hicieron y, por lo tanto, deberían contar con una pensión. Invertir más en la infancia y juventud es apostarle al futuro aunque un gobierno venidero coseche los frutos. Invertir más en los adultos es apostarle sólo al presente y obtener beneficios electorales inmediatos. Los niños y adolescentes no votan, los mayores de edad sí.
Y precisamente esta visión electorera e inmediatista es el principal obstáculo para que los programas de desarrollo social cumplan su objetivo. Con todo y las reformas y leyes que se han aplicado en la materia para aumentar los controles y sanciones, la mayoría de los programas son utilizados para construir redes clientelares partidistas, con la consecuente prolongación de la dependencia económica de los que se encuentran en condición de pobreza. A esto hay que sumar los casos de desvío o malversación, como el revelado la semana pasada en la Cruzada contra el Hambre con la contratación de dos empresas propiedad del operador financiero de un cártel para realizar trabajos inexistentes. O el caso Coahuila, en donde la Secretaría de Desarrollo Social gastó 10,000 millones de pesos en 2010, nadie sabe en qué.
Si a lo anterior se agrega que cuando se revelan las fallas en los programas y la falta de resultados en la política social, los gobiernos en vez de tomar nota y transformar la realidad mejorando sus esquemas optan por maquillarla, el panorama no puede ser más desalentador. El aleccionamiento e inducción de beneficiarios por parte de funcionarios para que nieguen que tienen hambre, revelado por los reporteros René Arellano y Angélica Sandoval en las páginas de El Siglo de Torreón, es la mejor muestra de cuando un gobierno no está dispuesto a corregir el rumbo. Con manoseo y simulación no se puede combatir la pobreza.
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