La Oficialía Mayor del Congreso del Estado de Durango confirmó no haber recibido el contrato de concesión de agua tratada de la planta Oriente que establecieron el Municipio y el agricultor José Luis Padilla.
Pese a no contar con la autorización del órgano legislativo, dicho contrato se ha estado haciendo efectivo y por cuya situación, no se descarta la posibilidad de que la actual y anterior administraciones municipales sean objeto de sanciones, dijo el regidor, Francisco Raúl Ramírez.
Ramírez y el regidor Mario Ortega, pidieron por escrito a Martha Alejandra Rodríguez, oficial Mayor de la LXVI Legislatura información sobre el estado que guarda el proceso legal de licitación de aguas tratadas de la planta Oriente de esta ciudad.
Tras de esa solicitud y de una reunión con los diputados locales laguneros Pablo César Aguilar, Julio Ramírez y Anabel Fernández, concluyeron que el Congreso del Estado no recibió el documento a pesar de que ese contrato se celebró desde la pasada administración -que encabezó Rocío Rebollo- y el acuerdo fue ratificado por la actual.
"Nos dijeron que de la anterior gestión recibieron un documento, pero el expediente estaba incompleto y fue devuelto a su origen", indicó el edil. Y es que como el contrato de concesión se fijó para los siguientes 30 años, debió ser aprobado por la Legislatura local.
Francisco Raúl Ramírez reconoció que por ese motivo la concesión del agua tratada está "en el aire" y al margen de toda legalidad, por lo que en caso de anularse, el Municipio no tendría ninguna responsabilidad. "Tampoco se descarta que las dos administraciones, la actual y la anterior, tengan alguna responsabilidad legal", dijo.
