Suerte al Canal 3, ampliación seria de opciones para los mexicanos
Un desánimo generalizado, el brutal descrédito de los partidos y de la política, provocan hoy una densa neblina en la discusión. Ofuscados con Peña Nieto, atrapados en la especulación del 18, hemos abierto nuestras puertas emocionales al escepticismo. Ya no creemos en nada, ni siquiera en las buenas noticias. El jueves pasado hubo una histórica.
La expresión se ha vuelto muy popular. Hablamos de su inexistencia, de su debilidad, de su ausencia. El estado de derecho es como el cajón de sastre, explica todo. La corrupción, ese monstruo de mil cabezas, se debe, en buena medida, a la impunidad y la impunidad a la languidez de nuestro estado de derecho. Y la violencia también, pues no hoy suficientes investigadores, ni jueces, locales y federales. ¿Y por qué no los hay? Pues resulta que ni los municipios, ni los estados, ni la federación invierten suficiente dinero en cuerpos policiacos locales, robustos, equipados, entrenados (Ver el estudio coordinado por Arturo Ramírez, Este país, octubre, 2016). Pero de nuevo, por qué nuestro estado de derecho es tan débil.
Una vertiente muy sugerente es la escudriñada por Fernando Escalante Gonzalbo, primero tuvimos leyes y mucho después ciudadanos. A diferencia de otras naciones como Francia o los propios Estados Unidos, el estado mexicano nació de arriba para abajo. Explicaciones hay muchas, la dispersión poblacional, la extensión territorial, la inestabilidad de los gobiernos centrales en el siglo XIX. Pero hay otra explicación poco popular, cercenamos al Poder Judicial. Fuimos creando instancias especiales de solución de conflictos con figuras similares a las del judicial, tribunales, magistrados, enormes aparatos burocráticos los cuales, en última instancia, dependían del Ejecutivo. Esquizofrenia pura, en alguna ocasión traté de explicar el asunto a un alemán, jueces que no son jueces, tribunales que no son tribunales de pleno derecho, laudos que son como sentencias pero no lo son.
Esta esquizofrenia es algo tan arraigado en nuestro país que ya ni siquiera es tema. Por ejemplo, alrededor de la mitad del territorio nacional es propiedad ejidal o comunitaria. Los conflictos al interior de las comunidades e incluso al interior de las familias de ejidatarios o comuneros, son dirimidos por tribunales especiales, agrarios. No están concebidos dentro del derecho civil, son harina de otro costal. Los magistrados no son miembros del poder judicial, tienen sus propios ordenamientos que están en un limbo muy peculiar. Así mutilamos una de las vertientes más importantes del derecho civil. Los conflictos entre los ciudadanos y el gobierno federal o los gobiernos estatales son dirimidos por otros tribunales especiales, los llamados por lo general de lo contencioso administrativo, que cuentan con sus propias leyes orgánicas. De nuevo, tampoco pertenecen al Poder Judicial, ya sea local o federal. Los rasgos de inamovilidad y permanencia de todo juzgador no son necesariamente aplicados con el mismo rigor. Otra vez, son juzgadores especiales, sea esto lo que sea.
Lograr que el Tribunal Electoral formase parte del Poder Judicial fue una batalla larga pues en realidad provenía del diseño de la Comisión Federal Electoral que dependía de Gobernación. Por qué muchos mexicanos perciben a los poderes judiciales como muy débiles, pues en buena medida por todos los ámbitos "especiales" que deberían pertenecer al orden jurisdiccional normal. Otras de las amputaciones al estado de derecho fueron los asuntos laborales, las relaciones entre trabajadores y patrones. En un ánimo de protección casi paternal, nuestra Constitución concibió, para el derecho, laboral otra fórmula de excepción. Así se crearon las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Más allá de las buenas intenciones en su origen, las Juntas se fueron degradando hasta convertirse en madrigueras de los sindicatos blancos y también de extorsionadores profesionales disfrazados de trabajadores. Tener problemas laborales se convirtió para trabajadores y empresarios en una amenaza de corrupción rapaz.
El pasado jueves el Senado aprobó una iniciativa presidencial sobre justicia laboral que conlleva reformas constitucionales de gran calado. Desaparecen las Juntas de Conciliación y por fin se crean los Tribunales Laborales. Se crean también un Centro Federal y 32 locales para la conciliación, que siempre es deseable y puede ser muy eficaz. Serán organismos descentralizados lo cual es aire puro. El titular será designado por el Senado a partir de terna del Ejecutivo. En el dictamen enviado a los Diputados se establece que los juzgadores serán miembros de pleno derecho del Poder Judicial. Habrá jueces, sentencias, no laudos. Es una reforma histórica que fortalecerá al estado de derecho. Bienvenida.
