El lugar. En la zona se encuentran cuevas prehistóricas y zona arqueológica de Yagul, y fue decretada en junio de 1999.
El joven se lleva las manos al rostro. Está desesperado. Su padre preso, injustamente dice, tiene a su familia en crisis económica y moral.
"Ya no sabemos qué hacer, hemos ido a tocar puertas a todos lados; sólo nos queda esperar y crear conciencia al juez para que pueda juzgar conforme a derecho, pero también en sentido humanitario", dice Heliodoro. Su progenitor, un campesino zapoteca de Tlacolula de Matamoros cumplió seis meses en prisión, acusado de matar tres conejos en su terreno de siembra, de propiedad comunal, y el Ministerio Público federal pide 10 años de cárcel.
Todo porque el predio forma parte de una zona federal protegida, donde se asientan vestigios arqueológicos y prehispánicos.
Pese a que los abogados han planteado que no cometió el delito del que lo acusa la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), que no hay evidencias y que por ser indígena podría atenerse a algunos beneficios de la ley, el juez de la causa se niega a liberarlo.
Para ello, el juzgador requiere un dictamen antropológico, que tardará varios meses; además, pide una certificación de que no es un peligro para la sociedad, dictámenes que tienen un costo superior a los 100 mil pesos.
"Estamos desesperados, atravesamos por una situación difícil, es un mal momento familiar. No entendemos por qué el afán de tener a una persona presa por tres conejos, cuando hay otras más peligrosas o que han cometido delitos graves", dice Heliodoro Morales Soriano, hijo de la víctima, Heliodoro Morales Mendoza. No hay una persona formal que presentó la denuncia penal.
NIEGAN JUICIO ACUSATORIO
De acuerdo con el abogado que lleva la causa, Rodolfo Moreno Cruz, el presunto delito se cometió en el año 2012; sin embargo, fue el 30 de enero de este año en que policías federales aprehendieron a Morales Mendoza en la sede del palacio municipal, tras lo cual fue llevado al Centro de Readaptación Social (Cereso) estatal, ubicado en Santa María Ixcotel, agencia del municipio de Santa Lucia del Camino.
"Hemos solicitado que se aplique el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, pero el juez Segundo Penal de Distrito, Fidel Gallegos Figueroa, se niega y argumenta que aún no tienen personal en la autoridad en materia de medidas cautelares que pueda dictaminar el caso".
El Poder Judicial basa su juicio en el Código Penal Federal, que establece en su artículo 420, fracción III, "se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente:
"Realice actividades de caza, pesca o captura con un medio no permitido, de algún ejemplar de una especie de fauna silvestre, o ponga en riesgo la viabilidad biológica de una población o especie silvestres".
El terreno de la zona comunal que labra el campesino zapoteca está integrado a un área natural protegida.
Abusivo
La autoridad judicial en el país vulnera constantemente los derechos de los indígenas y en el caso particular del campesino de Tlacolula de Matamoros, Heliodoro Morales Mendoza, aplica una sanción desproporcionada al acto que se imputa, aseveró el abogado Gerardo Martínez Ortega, coordinador del área jurídica del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción.
"Se dice que el hecho se cometió en un área protegida, pero tampoco está acreditado, a nuestro criterio, cuál es el grado de afectación que se generó en esa zona como para decir que amerita una sanción como lo está pidiendo el Ministerio Público. Para la población vulnerable, la justicia sigue siendo simple y llana, no hay trato humano. Pareciera que lo que hallan es lo contrario, actos de injusticias", dijo.
