Vuelve a surgir información acerca de las atrocidades que miembros de la delincuencia organizada cometieron impunemente apenas unos cuantos años atrás, cuando corría la última parte del sexenio del profesor Humberto Moreira.
En esta ocasión, las noticias son proporcionadas por el rotativo texano San Antonio Express News, que está haciendo una cobertura puntual que una corte federal radicada en ese mismo estado está llevando en contra del señor Marciano Millán Vásquez.
Durante la procesión del juicio, se han obtenido diversas confesiones de testigos en el caso que fundamentalmente desvelan dos líneas de gravedad: la primera de ellas es que uno de los testigos asegura haberle entregado al gobernador Humberto Moreira a través del fiscal de ese entonces Jesús Torres Charles y de su cercano Vicente Chaires Yáñez, hasta cuatro millones de dólares, lo que implicaría directamente a ese gobierno en colusión con un organismo criminal, en este caso con Los Zetas.
La segunda línea que se está desvelando tiene que ver con los hechos mucho más macabros: la matanza de hasta trescientas personas en cuestión de horas perpetrada por el mismo grupo delincuencial, ocurrida fundamentalmente en el municipio de Allende, Coahuila, en el año 2011. De aquellos hechos terroríficos poco o nada se supo en su momento.
Según los testigos declarantes en el caso contra Millán, la aniquilación de las trescientas personas tuvo que ver por una supuesta deserción de un líder importante en la estructura del cártel que en ese entonces asolaba Coahuila, de nombre Mario Alfonso Cuéllar, de quien se creía estaba delatando a las autoridades norteamericanas. El testigo señala que el señor Cuéllar tenía relación cercana con los hermanos Treviño, líderes máximos junto al desaparecido Heriberto Lazcano, por lo que el comando de los propios Zetas ordenó desaparecer todo aquello que tuviese alguna vinculación con él. El resultado fue el asesinato de familias completas en el propio Allende, pero que se propagó hasta Piedras Negras y Nava.
Además de lo desvelado acerca de la matanza de Allende, igualmente en el juicio contra Millán Vásquez se ratifica lo que ya era conocido: que el penal de Piedras Negras estuvo en posesión de Los Zetas y ese recinto era utilizado entre otras cosas como cámara de exterminio de enemigos de sus intereses.
Así entonces. Cierto es que toda esta información proviene de las publicaciones del San Antonio Express News, por lo que no se pueden dar siquiera como valederas. Sin embargo, son indicios de que ya es tiempo que la autoridad local tome cartas en el asunto. Hay imputaciones graves que apuntan hacia personas que fueron autoridades en el tiempo que se cometieron los hechos que se están declarando en los Estados Unidos: la supuesta complicidad de Jesús Torres Charles y de Vicente Chaires, así como aquellas autoridades que estaban a cargo del penal de Piedras Negras y que le entregaron el control al grupo de Lazcano y de los Treviño.
Desafortunadamente el pronóstico de que ahora sí la Procuraduría General de la República, tratándose de delitos del orden federal como lo son la mayoría de los que cometieron (comete) la delincuencia organizada, detendrá o al menos levantará cargos contra algún exfuncionario de peso, -entendiéndose primeramente contra el profesor Humberto Moreira- la respuesta es que no.
Si uno revisa la fecha de estos hechos que se señalan en el juicio con Millán, se encuentra que muchos de ellos ocurrieron en 2011, cuando todavía gobernaba el panista Felipe Calderón, qué se puede esperar ahora que el presidente es Enrique Peña Nieto.
La terrible realidad es que la PGR obedece políticamente a los asuntos que le importan al centro, siempre ha sido así, y poco le importa qué sucedió acá mientras el tema no esté en los medios nacionales. Ahora la Procuraduría General de la República, Gobernación y la propia Presidencia están más interesadas en capotear el conflicto en Oaxaca y Chiapas con la CNTE, recomponer el desastre que fue para el PRI los comicios del mes pasado y seguir mareando a la opinión pública con el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.
Así pues que al menos valga que se conozca la verdad aunque sea parcial y derivada de declaraciones en un juicio en Texas de lo que ocurrió en Allende y en la penitenciaría de Piedras Negras, porque de eso a que alguien pague, las probabilidades son más que remotas. Al tiempo.
