El ministro propone que la Procuraduría General de la República (PGR) debe informar a los familiares sobre las investigaciones realizadas e informar si hay material genético para identificar los restos. (ARCHIVO)
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pospuso la discusión el amparo en revisión promovido por dos mujeres salvadoreñas que buscan saber la verdad y ser reconocidas como víctimas directas, luego que los cuerpos de sus familiares fueron encontrados en una de las fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, en el año de 2011.
Ante la ausencia del ministro ponente, Jorge Pardo Rebolledo, quien asistió a un evento organizado por la corte Interamericana de Derechos Humanos, el acceso a la justicia tendrá que esperar para Bertila Parada de Osorio y Alma Yesenia Realegaño, madre y hermana de Carlos Alberto Osorio y Manuel Antonio Realegeño, encontrados en las fosas de San Fernando.
El ministro propone que la Procuraduría General de la República (PGR) debe informar a los familiares sobre las investigaciones realizadas e informar si hay material genético para identificar los restos.
Carlos Alberto, hijo de la señora Bertila, salió de San Salvador el 17 de marzo de 2011, rumbo a los Estados Unidos, para buscar mejores oportunidades laborales, pues sería padre en los próximos meses. El último contacto que tuvo con sus familiares fue el 26 de ese mes cuando les dijo que se encontraba en Monterrey.
En diciembre de 2012, Bertila Parada, recibió un llamado por parte de la Fiscalía General de la República de El Salvador, diciendo que habían sido identificados los restos de su hijo entre los localizados en las fosas clandestinas de San Fernando.
A ello la mujer pidió los documentos que acreditaran la identificación y asegurara que se trataba de su hijo.
En febrero de 2013, recibió un llamado de la Cancillería salvadoreña para pedirle que, a petición de México, acudiera a firmar la autorización para que los restos de su hijo fueran cremados y repatriados a El Salvador desde México.
La PGR negó tener información del caso por lo que no proporcionó ninguna información sobre el expediente y negó que hubieran dado la orden de cremación, según informó la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que representa a Bertila.
