La violencia en la región no es cosa del pasado. Al hallazgo reciente de un cementerio y crematorio clandestinos en el ejido Patrocinio del municipio de San Pedro de las colonias, se suma la aparición reciente de cadáveres abandonados en las calles de nuestra ciudad, envueltos en cobertores.
La guerra desatada por el crimen organizado en contra de la Sociedad y el Estado en nuestro país sigue causando estragos, y ello exige de nuestras autoridades un cambio de actitud para encarar el problema con el respeto a la verdad y el trato humano que merecen las víctimas y sus familiares.
Sin embargo, nuestras autoridades no están a la altura de las circunstancias como lo prueba la autoritaria y cruel actitud del gobernador Rubén Moreira, que el fin de semana pasado ordenó que fueran llevados a su presencia diversas personas integrantes del Grupo Vida y del Grupo Víctimas por sus Desaparecidos en Acción, que realizaban labores de búsqueda de restos humanos en terrenos del ejido Patrocinio.
De acuerdo a información publicada el lunes pasado por El Siglo de Torreón, el grupo fue trasladado de manera sorpresiva a la ciudad de Saltillo, a recibir una reprimenda del gobernador que en pocas y reducidas cuentas les dijo que se dediquen a buscar exclusivamente los restos de sus familiares sin interferir en otros casos similares. El regaño es del todo inconducente, porque si las personas cuyo paradero se indaga están desaparecidas, es imposible reducir la búsqueda a una ruta predeterminada al gusto de Moreira.
La reacción del Gobernador pone de manifiesto el deseo de ocultar el tema del ejido Patrocinio, que ha puesto de nueva cuenta al Estado de Coahuila en la mira de las malas noticias a nivel internacional, a raíz de la publicación de un informe presentado al respecto por parte de investigadores independientes.
Esa actitud revela que el gobierno de Rubén Moreira ha sido y es culpable de ocultar el tema que nos ocupa así como el de la matanza de Allende y el crematorio del penal de Piedras Negras, pese a que insista en que los hallazgos han sido investigados en tiempo y forma por la Procuraduría de Justicia del Estado.
Otra faceta de este lamentable comportamiento, se desprende del ofrecimiento que al concluir la forzada comparecencia hace Moreira a los familiares de los desaparecidos, en el sentido de que los apoyará con fondos económicos para continuar la búsqueda, como si todo fuera cuestión de dinero.
Lo mismo ocurre con el alcalde Miguel Riquelme, quien como hechura del moreirato responde en términos semejantes, ante la aparición reciente de cadáveres "encobijados" en las calles de nuestra ciudad. En vez de experimentar azoro e indignación, el munícipe asegura que los muertos no deben ser incluidos en las estadísticas delictivas con cargo a la ciudad de Torreón, porque a su decir fueron asesinados en la ciudad de Gómez Palacio y sus cadáveres posteriormente trasladados a nuestra ciudad.
Es claro que la aseveración irresponsable de Riquelme no está fundada en elemento alguno de prueba, pero aún en el supuesto de que la comisión de los crímenes hubiera iniciado en la vecina ciudad y concluido en ésta, se trata de la misma comunidad conurbada y además, son delitos que el código penal clasifica como continuados, porque su consumación inicia en un espacio gobernado por una autoridad y concluye en otro, bajo el imperio de autoridad diversa. Además de ignorancia, la declaración del alcalde revela su obsesión por las estadísticas, su falta de sensibilidad y la ausencia de coordinación en relación al esfuerzo conjunto que en materia de seguridad realizan o se supone que deben hacerlo, las autoridades de los tres niveles de gobierno en la región.
Los anteriores son sólo dos botones de muestra que acreditan que nuestras autoridades locales no ven ni escuchan a las víctimas del crimen y sólo les causan incomodidad y fastidio.
