Señalados. La policía brasileña presentó cargos contra Lula y su esposa en el marco de una investigación para determinar si se beneficiaron del esquema de corrupción vinculado a Petrobras.
La Policía Federal brasileña presentó ayer cargos por corrupción, lavado de dinero y falsificación contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en una causa sobre la adquisición de un apartamento en la playa cuya propiedad se atribuye al exjefe de Estado, informaron medios locales.
La acusación se extiende a la esposa del exmandatario, Marisa Leticia Lula da Silva, y al presidente del Instituto Lula, Paulo Okamoto, según la información que voceros de la Policía Federal consultados se abstuvieron de confirmar o desmentir.
La Policía Federal también presentó cargos en el mismo proceso contra Leo Pinheiro y Paulo Gordilho, el presidente y un importante ejecutivo, respectivamente, de la constructora OAS, una de las empresas ya condenadas por haber participado en la red que desvió millonarios recursos públicos de contratos con la petrolera estatal Petrobras.
Copias de la acusación formal de la Policía Federal contra Lula fueron publicadas por diferentes medios locales en momentos en que el país está concentrado en la fase final del juicio político destituyente que el Senado abrió contra la presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, su sucesora y ahijada política.
Se trata de la primera acusación formal contra Lula en las tres causas en que es investigado por supuestamente haber recibido beneficios de empresas que se favorecieron de la gigantesca red de corrupción enquistada en Petrobras.
La investigación se refiere a un apartamento de tres pisos en Guarujá, un balneario en el litoral del estado de Sao Paulo, por el que Lula pagó una cuota inicial.
Los abogados de Lula alegan que el expresidente desistió del negocio y pidió que le devolvieron el dinero, por lo que no se le puede atribuir la propiedad del inmueble.
El apartamento fue sometido a costosas reformas costeadas por la OAS y la Policía ha divulgado pruebas que muestran a Lula o a su mujer visitando la vivienda en compañía de los ingenieros responsables por las obras.
Las pruebas presentadas por la Policía Federal tendrán que ser analizadas ahora por la Fiscalía, que tiene un plazo de 90 días para decidir si le pide o no a la Justicia que abra un proceso contra Lula y los otros acusados.
El exmandatario también es investigado por la supuesta propiedad de una casa de campo en la ciudad de Atibaia y en la causa abierta por las irregularidades detectadas en Petrobras.
'LA ACUSACIÓN TIENE CARÁCTER POLÍTICO'
El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva atribuyó ayer un "carácter político" a la denuncia presentada contra él por la Policía Federal por cargos de corrupción, lavado de dinero y falsificación.
Los abogados de Lula, Cristiano Zanin Martins y Roberto Teixeira, por medio de un comunicado calificaron la denuncia como una "obra de ficción" que "tiene carácter y connotación políticos".
Según los abogados, el comisario Marcio Adriano Anselmo, responsable de la denuncia, "tiene un histórico de ofensas" a Lula en las redes sociales y ha mostrado "simpatía" por opciones políticas "antagónicas" al expresidente.
"No se puede aceptar como coincidencia el hecho de que el informe se presente en medio del juicio político de la presidenta de la República electa con el apoyo de Lula", agrega la nota, en alusión al proceso que persigue la destitución de Dilma Rousseff, que previsiblemente concluirá la semana que viene.
Los abogados también alegaron que el informe policial "no tiene respaldo jurídico"; no se basa en hechos y tampoco contiene "ningún elemento" que pueda contestar la "realidad jurídica" de que el apartamento está a nombre de OAS.
Según la versión de los abogados, Lula pagó la cuota inicial del apartamento de tres pisos, que está ubicado en el municipio de Guarujá (Sao Paulo), pero luego cambió de opinión y pidió que le devolvieran el dinero.
Acompañará a Rousseff
Lula acompañará el próximo lunes hasta el Senado a Rousseff:
⇒ "Hemos conversado y (Lula) ha dicho que irá (al Senado), igual que algunos de los ministros" del Gobierno de Rousseff, declaró el jefe del grupo del Partido de los Trabajadores (PT) en la Cámara Alta, Humberto Costa.
⇒ Según Costa, la intención es prestar "solidaridad" a Rousseff en momentos en que corre un serio riesgo de ser despojada del poder en el juicio político, cuya fase final comenzó ayer y deberá llegar a su fin entre los próximos martes y miércoles.
⇒ Después de la comparecencia de Rousseff, se abrirá un espacio para debates y luego el Senado procederá a la votación final, que está prevista para realizarse el martes o miércoles y en la que se decidirá si la mandataria finalmente será destituida.
Maniobras dilatorias en favor de Dilma enervanmás al Senado
Las maniobras dilatorias de la defensa de la presidenta brasileña suspendida, Dilma Rousseff, volvieron a enervar ayer el debate en el juicio político contra la mandataria y evitaron que el Senado escuche a todos los testigos del caso, con lo que habrá una nueva audiencia hoy. "No podemos presentarle este espectáculo a la sociedad", declaró hastiado con esa práctica el presidente del Senado, Renán Calheiros, que comparó a esa cámara legislativa con un "manicomio" y se enzarzó en una agria discusión con parlamentarios leales a la mandataria, suspendida de sus funciones desde mayo.
En la audiencia de hoy, la segunda de la fase final del proceso, el Senado se proponía escuchar a los seis testigos de la defensa, tras haber hecho lo propio este jueves con los dos de la acusación.
Sin embargo, senadores del Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece Rousseff, atrasaron la comparecencia de los testigos más de cuatro horas mediante la formulación de numerosas cuestiones previas que elevaron los decibelios del debate.
Como en la jornada anterior, menudearon los descalificativos y los insultos y la senadora Gleisi Hoffmann, del PT, llegó a afirmar que el Senado "no tiene ninguna moral" para juzgar a la mandataria. Eso provocó otra dura réplica de Calheiros, quien consideró esa declaración como "el colmo" y recordó que tanto Hoffmann como su marido y exministro Paulo Bernardo Silva son sospechosos de haber participado en asuntos de corrupción que juzgan los tribunales.
En medio de conatos de agresión entre senadores, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, quien dirige las sesiones como garante constitucional del proceso, intentó poner orden y decidió suspender la sesión durante casi una hora y media.
Ese intervalo permitió un cabildeo entre detractores y defensores de Rousseff, que decidieron recuperar la compostura y escuchar a los testigos, aunque se acordó que los dos últimos comparecerán hoy.
Finalmente, la defensa retiró uno de sus testigos y declararon sólo el economista Luiz Gonzaga Belluzo, el abogado Geraldo Prado y el exviceministro de Educación Luis Claudio Costa, quienes alegaron en favor de Rousseff y coincidieron en que las maniobras fiscales por las que se le acusa no constituyen un delito. Una opinión completamente contraria a la manifestada este jueves por dos fiscales del Tribunal de Cuentas, un organismo auditor del Estado, que afirmaron que Rousseff incurrió en un "fraude fiscal" al alterar los presupuestos sin autorización del Congreso y contratar créditos en favor del Estado con la banca pública.
