Exigen. El PAN va por la aprobación de una ley para crear la nueva Fiscalía Anticorrupción, con autonomía del gobierno.
El Partido Acción Nacional puso sobre la mesa sus condiciones para aprobar en el Congreso el paquete de reformas legales para el combate a la corrupción.
El líder nacional panista, Ricardo Anaya, aseguró ayer que el partido no respaldará ningún dictamen que no incluya las propuestas de la iniciativa ciudadana denominada Ley 3de3, con la que se pretende obligar a funcionarios a presentar sus declaraciones patrimoniales, de impuestos y de conflicto de interés. "Hemos decidido respaldar, al cien por ciento, la iniciativa y no aprobaremos un dictamen si no está incluido todo aquello que las ciudadanas y los ciudadanos han plasmado en esta iniciativa para combatir la corrupción", dijo el panista, quien se reunió con los representantes de organizaciones civiles que impulsan la iniciativa que ha reunido más de medio millón de firmas.
Anaya también exigió la aprobación de una ley para crear la nueva Fiscalía Anticorrupción, con autonomía y facultades suficientes para llevar a la cárcel a los funcionarios y particulares que incurran en delitos vinculados con recursos públicos.
"Lo que queremos es ver a los corruptos en la cárcel y eso sólo es posible si tenemos una Fiscalía verdaderamente autónoma, robusta, que pueda hacer investigaciones a fondo y ejercer acción penal ante un juez", exigió Anaya. A nombre de los legisladores, el senador Juan Carlos Romero Hicks detalló los temas irreductibles del PAN en las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, de Responsabilidades de Servidores Públicos y Particulares, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Administración Pública Federal. En el primer caso, demandó el fortalecimiento de la participación ciudadana, un secretariado técnico independiente y plataformas digitales con información sobre el patrimonio de los funcionarios, las compras gubernamentales, la "lista negra" de funcionarios sancionados, un sistema de información y fiscalización, y otro de denuncias públicas, entre otras demandas.
En el caso de la Ley de Responsabilidades, propuso incrementar las facultades de la ASF, no excluir del sistema a los funcionarios de instituciones como Pemex y CFE y ampliar el catálogo de conductas que pueden ser consideradas como actos de corrupción. Los panistas anunciaron que ya trabajan en la elaboración de una iniciativa para reformar el Código Penal, para endurecer las penas contra la corrupción.
