A la deriva. Varios progamas de salud y de seguridad social se verán afectados en su presupuesto.
El proyecto de presupuesto para el próximo año preserva la desigualdad, afecta el impulso económico y privilegia el pago de la deuda, por encima de programas prioritarios de seguridad social, salud y educación, entre otros.
Al presentar el estudio "Implicaciones del Paquete Económico de 2017" Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), rechazó que la deuda comenzará a bajar a partir del próximo año, en relación con el Producto Interno Bruto (PIB), como ha asegurado el gobierno.
Compromisos como el pago de pensiones, servicio de la deuda y las participaciones federales, dijo, ocasionarán que al concluir el gobierno de Enrique Peña Nieto, en 2018, la deuda represente 53 % del PIB.
Villarreal explicó que el próximo año, por primera vez desde 2010, el costo financiero de la deuda (pago de intereses, comisiones, actualizaciones y demás cargos relacionados) será mayor que el financiamiento requerido por el gobierno federal.
Habrá un déficit presupuestario de 2.4 % del Producto Interno Bruto (PIB), dijo, y se pagará por deuda previamente adquirida 2.8 % del total del valor de los bienes y servicios que producirá el país.
"El aceleramiento de la deuda nos ha llevado a elevar el pago de intereses, que está por encima del déficit. Hay muchos compromisos que se asumieron de largo plazo y que ya están aquí", explicó.
Villarreal advirtió que la situación empeora cuando se compara el costo financiero de la deuda con los ingresos tributarios, sin contar el IVA y el ISR, pues prácticamente todo se destinaría al pago de intereses.
"El espacio fiscal que le queda al gobierno es demasiado reducido", aseguró. No obstante, consideró que "no hay evidencia de que se presagie una crisis macroeconómica al final del sexenio, aunque sí una gangrena, es decir, un problema más microeconómico".
SE PERFILA NUEVA REFORMA FISCAL
Adrián García, investigador de Ingresos e Impuestos del CIEP, advirtió además que ante el escenario económico del próximo año, "no nos vamos a salvar de una nueva Reforma Fiscal".
En estos dos últimos años, dijo, la Reforma Fiscal ya dio lo que tenía que dar, pues en 2017 representaría 13.3 % del PIB y para 2022 será de 13.8 %. En cinco años, aseguró, sólo crecerá cinco décimas de punto porcentual del PIB, lo cual es muy bajo si se toman en cuenta los compromisos financieros.
El gasto en pensiones, por ejemplo, aumentará 14 %, mientras el presupuesto a grupos vulnerables, como la población indígena, bajará 52 %.
Sunny Villa, investigadora de gasto público del CIEP, aseguró que el gasto en pensiones ya está afectando los presupuestos de servicios y derechos básicos, como salud y educación.
Para 2017, aseguró, el pago de pensiones del gobierno federal será de más de 700 mil millones de pesos, uno de los incrementos más altos debido al cambio demográfico del país.
La investigadora aseguró que la presión de las pensiones se debe principalmente al monto que reciben funcionarios públicos, pues las más altas sólo las reciben 15 % de los jubilados. Por eso recomendó "topar las pensiones en el sector público y quitar las excensiones de ISR".
Villa además destacó la desigualdad que hay en el pago de pensiones. Por ejemplo, los beneficiarios de Programa Pensiones para Adultos Mayores (PAM) reciben 7,200 pesos al año, en promedio, mientras las pensiones de los trabajadores de la desparecida Luz y Fuerza del Centro rondan los 970, 844 pesos.
El CIEP también alertó que el proyecto de presupuesto 2017 propone una disminución de 9.2 % para desarrollo económico respecto de 2016, que perjudica sectores como el campo, comunicaciones, turismo y asuntos comerciales y laborales. En desarrollo social, destacó, la caída es de 3.3 % y en vivienda de 29 %.
Aseguró además que las necesidades en salud tampoco se ven reflejadas en el presupuesto asignado para 2017, pues su recorte neto fue de 0.85 % real. Los programas para la Secretaría de Salud se reducen en número y monto, ya que ahora cuenta con sólo 27 programas; 12.6 % menos presupuesto respecto del aprobado en 2016.
El presupuesto educativo, por su parte, tiene una reducción de 4.8 % puntos porcentuales, en comparación con 2016.
La gran perdedora en este recorte es la Reforma Educativa, pues 30.2 % de la reducción total corresponde a sus programas insignia, asegura el CIEP.
"El presupuesto educativo disminuye debido a que debemos pagar más en pensiones y deuda; mientras que en salud veremos una reducción real de más de 4 mil millones de pesos", aseguró la investigadora.
"Se quitan las becas para la educación media y superior, pero se entregan becas para el Ejército y la Marina con el fin de atraer a más jóvenes a las Fuerzas Armadas". En tanto, el seguro popular, agregó, recibe un recorte de 9,224 millones de pesos.
Dada la complejidad y las restricciones económicas que se dibujan en el panorama nacional, Villarreal propuso un pacto fiscal y la creación de un consejo fiscal, autónomo e independiente, que haga proyecciones de largo plazo en rubros como pago de deuda. De otra manera, dijo, "vamos a condenar a los jóvenes a una inequidad intergeneracional".
