Imaginación es lo que les sobra a nuestros representantes de la Cámara de Diputados, justo lo que a nosotros nos falta. Hace dos semanas se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación, que asciende este año a la cantidad de 4 billones 888 mil millones de pesos.
Estamos hablando de ingentes cantidades de dinero. Para darse una idea, el legislativo básicamente aprueba la propuesta tal como la presenta la Secretaría de Hacienda, luego de negociar en el estrecho margen que le es permitido. Este año ha reasignado únicamente el 1.4 %, es decir, 67 mil 770 millones de pesos. Como sea, se trata todavía de cantidades inimaginables de dinero.
Por lo menos dos semanas han tenido que pasar, el dictamen tiene fecha del viernes 11 de este mes, para ir conociendo algunas de las implicaciones de tales decisiones. Representantes de organizaciones de la sociedad civil han comenzado a protestar por la desaparición del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (Pronapred), que fue borrado completamente del presupuesto 2017.
Este programa fue emblema de nuestro presidente Enrique Peña Nieto en los inicios de su gobierno, suponía un nuevo enfoque para encarar el clima de violencia generalizada en el país. La pretensión era tomar distancia de la "guerra contra el narco", estrategia seguida por Felipe Calderón, que se fincaba en acciones policiales, militares y de enfrentamiento directo con el crimen organizado. La propuesta "ataca la raíz del problema reconstruyendo el tejido social" decían en ese entonces Peña Nieto, el objetivo declarado era atender a la población en contexto de exclusión social, tierra fértil donde germina vigorosamente la delincuencia.
La idea es atractiva, sin embargo, las oficinas responsables nunca ofrecieron evaluaciones pertinentes que dieran cuenta de los resultados arrojados por estas acciones. Tuvo que ser la organización México Evalúa, quien elaboró e hizo públicos informes en esta línea para los años 2013 y 2014. El balance cuestionaba las estrategias implementadas ante la falta de resultados cuantificables.
La idea de la prevención del delito surgió y fue desarrollada por académicos en Chile, hace poco más de una década. Ellos postularon una estrecha relación entre seguridad pública y seguridad social, pues la gente quiere beneficiarse del desarrollo económico. Los investigadores plantearon una serie de estrategias fincadas en la promoción de la ciudadanía como eje articulador de la seguridad social, es decir, proveer a los habitantes de las zonas marginadas de las ciudades de herramientas para salir adelante por sí mismos a través del reconocimiento tanto de las propias potencialidades como de los beneficios obtenidos a recuperar la confianza en el vecino y organizarse para la consecución de objetivos comunes.
Como suele suceder en el juego del teléfono descompuesto, el mensaje al pasar de un interlocutor a otro va perdiendo contenido y termina siendo irreconocible en su núcleo. Así ocurrió con la prevención de delito, levantar obras magnas de relumbrón en zonas antes abandonadas derivaría no otra cosa sino en la acentuación de los contrastes en una sociedad que se niega a aceptar la aberrante distancia que promueve el capitalismo global.
Danza de millones. Los informes indican que se gastaron más de 9 mil millones de pesos en este programa, poco más de 2 mil millones de pesos por año del inicio del sexenio a la fecha. El programa llegó a 74 municipios, 5 delegaciones en la Ciudad de México y 10 zonas metropolitanas, las acciones realizadas trazan un amplio horizonte que va desde la recuperación de espacios públicos hasta el fomento de actividades deportivas y culturales.
Nunca se dio cuenta de los resultados obtenidos por este programa en su corta vida, que se borró del presupuesto y de un plumazo, sin evaluar el impacto, alcance y logro de sus acciones. Simplemente desapareció, pero no fue por los cuestionamientos que siempre se le hicieron, sino por la arbitrariedad de los legisladores. Los recursos extraordinarios que se generaron, con este y otros recortes, serán distribuidos por los mismos diputados en forma clientelar en sus distritos.
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